El Senado aprobó en lo general, por 77 votos a favor y nueve en contra, reformas a la Ley General de Víctimas, después de tres años en vigor y con problemas en su aplicación, que se significaron por el no ejercicio de un fondo de ayuda, mientras miles de personas esperaban el apoyo del Estado.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar (PRI) presentó el alcance de las reformas en las que destaca que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con un mando unipersonal, ya no colegiado.
Por única vez, el Ejecutivo federal propondrá al Senado un perfil para su ratificación por el pleno, y se tratará de alguien con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos.
En 30 días se deberá aprobar este cargo que estará vigente durante tres años, y después la selección del perfil se llevará a cabo con consultas previas a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil.
La priista Cristina Díaz dijo que los cambios permitirán que las víctimas reciban ayuda provisiona, oportuna y rápida, y que se garantice la satisfacción de sus necesidades de alimentación, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, durante el tiempo que sea necesario.
Luego de la votación en lo general, el pleno inició el debate de reservas de tres senadores.
