El PAN en el Senado presentó una iniciativa de reforma constitucional para que el Fiscal General de la República no haya desempeñado cargo de dirección o representación de algún partido político en los seis años anteriores a su designación.
El cargo de titular de la FGR “requiere de un perfil sin filias ni fobias partidistas que logre generar una percepción de confianza a la ciudadanía, a efecto de erradicar la idea de afinidades en el poder que perpetúan la impunidad de la clase política”.
Además, quien sea fiscal deberá haber servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de justicia, o haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, incluye el proyecto panista.
Incluye dar poder al Senado para remover al Fiscal General de la República, facultad que en la reforma en vigor, de 2014, corresponde al Presidente de la República quien puede destituirlo y someter esta decisión al pleno senatorial para ratificarlo con dos tercios de la votación.
Agrega la fiscalía especializada de derechos humanos, al esquema de delitos electorales y de combate a la corrupción, las cuales, junto con el Fiscal General deberá presentar al Senado informes anuales, al igual que un Inspector general. Estos cargos, en el bosquejo institucional panista tendrán periodos improrrogables de cinco años, y estarán sujetos al poder senatorial de remoción.
Acción Nacional propone que el cargo de Fiscal General de la República abarque un periodo de siete años, esto es, dos años menos que el mandato previsto en el artículo 102 constitucional, y al respecto señaló que con el ajuste se busca evitar el desgaste de quien ocupe el cargo, que sería improrrogable.
En adiciones al apartado A del artículo 102 constitucional, la iniciativa panista crea un Inspector General y un Consejo Consultivo ciudadano, como instrumentos de control dentro de la FGR.
El senador Héctor Flores Ávalos presentó en tribuna la iniciativa con adiciones al apartado A del artículo 102 constitucional, proyecto que tiene el propósito de que además de autonomía se garantice que la futura fiscalía tenga un alto grado de legitimidad.
De igual forma, busca “mejorar el diseño institucional de la actual PGR para fortalecer su autonomía”, a la vez de que incorpora una figura para un mecanismo de pesos y contrapesos, que es la Inspectoría General que será el órgano interno de control que investigará irregularidades de los servidores del órgano autónomo.
El Consejo Consultivo “propondrá las políticas de profesionalización de los servidores públicos y de evaluación de su desempeño, y dará opinión previa a los nombramientos de funcionarios superiores y respecto de la adscripción de personal de carrera”.