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El PRD en el Senado presentó una iniciativa para reformar el artículo 212 del Código Penal Federal con el objeto de aplicar la “muerte civil” –suspensión de derechos políticos- para los servidores públicos o particulares condenados por delitos de corrupción y que sean reincidentes.
Con ello lo que se busca es que tanto esos servidores públicos como particulares no puedan volver a aparecer en la vida pública del país.
La iniciativa presentada por el senador Zoé Robledo (PRD) señala que el concepto de “muerte civil” fue utilizado en el Derecho de la Antigua Roma, para calificar una pena que al imponerse a una persona, esta dejaba de ser considerada viva para todos los efectos jurídicos, a pesar de que permaneciera vivo en los términos biológicos.
De acuerdo con la propuesta, “la muerte civil” es considerada como una pena accesoria a personas involucradas en la reincidencia en la comisión de delitos por hechos de corrupción que tendrá las siguientes consecuencias:
Inhabilitación definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.
Inhabilitación por un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez concluida esta para ejercer los derechos políticos; Inhabilitación por un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez concluida esta para representar a personas jurídicas.
Suspensión de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, relacionado con las actividades relacionadas con las conductas ilícitas que dan origen a la condena, por un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez concluida la misma.
Robledo expuso que su propuesta es oportuna y complementaria a las acciones que se han tomado en torno al combate a la corrupción.
“Con esta iniciativa se busca potenciar la fuerza del Estado a través de anteponer la racionalidad de la ley frente a la fuerza de los intereses fácticos, a través de una institución jurídica utilizada para suspender los derechos civiles y el reconocimiento de la calidad de ciudadano, como lo es la muerte civil.”
