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El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, consideró como positivo que el presidente Enrique Peña Nieto presentara una reforma constitucional para modificar la designación del Fiscal General de la Nación, con lo cual el actual procurador no sería en automático el nuevo Fiscal General.
“Esto a la ciudadanía, que es la que lo está demandando, les daría mayor certeza. Hay cuestionamientos, como siempre ocurre, pero esto podría asegurar un proceso más limpio, en donde todo mundo esté tranquilo de que se va sobre el camino que tiene que ir”, aseguró Portal tras inaugurar la Séptima Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).
El titular de la ASF consideró que con ello se atiende la demanda ciudadana de que el proceso para la designación del nuevo Fiscal genere mayor confianza y sea transparente.
Previo, ante auditores y representantes de fiscalización del país, Portal urgió a los Congresos locales a actualizar sus legislaciones en materia de fiscalización y combate a la corrupción para que tengan un marco legal adecuado.
“Debemos estar vigilantes para que en este proceso existan condiciones similares para el desarrollo del Sistema, tanto a nivel federal como local, de lo contrario se pone en riesgo la consecución de los objetivos que nos hemos planteado”, dijo.
Dijo que se requiere que se armonicen y se homologuen la Constitución del estado, en lo que tiene que ver con corrupción, en aquellos artículos que le dan facultades a las leyes locales y con las leyes federales que hay que acomodar en la Constitución estatal para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione bien como sistema.
La titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez reconoció que el reto más importante de la administración federal es la desconfianza ciudadana que hay sobre la eficacia, eficiencia y honestidad de su funcionamiento de las instituciones.
Advirtió que si no se avanza en su corrección se corre el riesgo de entrar en una “peligrosa espiral cada vez más profunda y progresiva deslegitimación” de las instituciones.
“Hay una percepción de ineficiencia e ineficacia; un gobierno cerrado y opaco y la forma más peligrosa de la ilegalidad es la corrupción. El reto de fortalecer la confianza de la ciudadanía de las instituciones se torna claro: debemos consolidar un gobierno eficaz y eficiente, transparente, participativo, abierto y que sea garante de la legalidad actuando desde una sola ética pública”, dijo.
ahc
