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El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, afirmó que si Raúl Cervantes Andrade tiene aspiraciones de ser fiscal General de la República debe renunciar a la titularidad de la PGR y tiene que demostrar a la ciudadanía independencia del gobierno federal y someterse al escrutinio de la sociedad.
El senador por Puebla consideró que el fiscal General de la República tiene que nacer con la legitimidad necesaria para ejercer sus funciones y esto sólo podrá garantizarse si posee autonomía del poder público, del dinero y los factores que tratan de incidir en decisiones nacionales.
El perredista aseguró que la transformación de la PGR en Fiscalía General de la República “no puede ser un mero cambio en la denominación, debe marcar una etapa diferente en la procuración de justicia en México”.
Por esta razón, explicó, el próximo martes en sesión del Senado los legisladores del PRD presentarán dos iniciativas: una de reforma constitucional y otra que regule la vida de la Fiscalía General de la República.
Barbosa Huerta dijo que los legisladores “debemos proponer instituciones que respondan a las grandes problemáticas sociales, como es la demanda de una adecuada procuración de justicia”.
Por ello, dijo, es necesario reformar el párrafo segundo del Artículo Decimosexto Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, además de expedir una Ley de la Fiscalía General de la República que garantice su adecuado funcionamiento.
Explicó que el párrafo segundo de dicho transitorio establece que el procurador General de la República que se encuentre en funciones quedará designado como fiscal General de la República por nueve años.
Por ello, el perredista consideró que el titular de la nueva fiscalía no puede ser designación de facto.
Barbosa reiteró que resulta necesario hacer esa modificación para recuperar la certeza en la investidura del fiscal y facilitar la cristalización del régimen de autonomía constitucional del Ministerio Público, como principio de respuesta de los poderes del Estado a la demanda ciudadana de combate a la impunidad en diversas áreas de la vida pública y cotidiana de la Nación.
El coordinador del PRD señaló que se requiere una ley de la fiscalía que garantice autonomía, un alto perfil en la función ministerial y de investigación y un ejercicio que garantice la procuración de justicia.
