Las mujeres que ejercen la política en México reclamaron que mientras no se tipifique la violencia política en su contra, las agresiones físicas, verbales, no verbales, sexuales y hasta homicidios seguirán existiendo. Expresaron que las buenas intenciones y deseos de los liderazgos masculinos no son suficientes para acabar con este fenómeno que por muchos años se ha mantenido en silencio por miedo, abuso de poder y falta de información.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, legisladoras y funcionarias alzaron la voz para pedir a sus compañeros y líderes nacionales “entrarle de lleno al tema”, pues, dicen, no es posible impulsar políticas en favor de las mujeres si en su propio partido hay violencia sin medida y sin asumir consecuencias.
“Yo viví violencia política y lo comparto después de haberla superado; no sólo atentaron contra mí que era la candidata, se metieron con mi hija y con mi esposo. Se metieron con lo más íntimo: con mi familia. Eso no tiene nombre”, explicó la diputada Arlet Mólgora (PRI).
En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que no suficiente con “relacionarla sentimentalmente” con diversas personas, hackearon la cuenta de redes sociales de su hija de 12 años para hacer publicaciones falsas que dañaron su imagen y “sacaron a mi esposo, quien es rector de una universidad, en un fotomontaje completamente desnudo. Eso nos duele”, narró.
Mólgora Glover argumentó que es importante que el sector alce la voz, denuncie y diga: “‘Sabes qué, por mi capacidad estoy donde estoy’”, o de lo contrario los políticos no dejarán de juzgar a las mujeres.
Hasta ahora la única instancia que atiende ese fenómeno es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a través del protocolo para atender la violencia política hacia las mujeres, el cual no cuenta con facultades para imponer sanciones.
El pasado 17 de noviembre, el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, expresó que la violencia política institucionalizada en contra de la mujer es alimentada por una cultura “machista” que insiste en prevalecer por no querer enfrentarse desde el ámbito local.
Agregó que para que exista una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es necesario emprender acciones de tres tipos: atender la paridad de género en la competencia política y en la iniciativa privada; impulsar la justicia con perspectiva de género, con concientización y sensibilización por parte de los jueces, y establecer sanciones cuando se demuestre una motivación a partir del género.
La secretaria de Promoción de la Mujer del PAN, la senadora Marcela Torres Peimbert, anunció que su partido está por implementar un protocolo que permita medir la violencia política hacia las militantes blanquiazules y mostrar cuántos casos hay, en qué localidades y de qué tipo. Destacó que basta con ver las comisiones legislativas en el Congreso de la Unión para identificar que en las presidencias no hay equidad de género, debido a la falta de conciencia, sensibilidad y voluntad.
La FEPADE registró 141 casos de violencia política de género durante 2015 y 2016, de ahí la urgencia y el llamado constante por parte de su titular para legislar y evitar agresiones contra las mujeres. En la investigación “Violencia Política”, elaborada por el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Coceameg) de la Cámara de Diputados, se puede leer que en México día a día las mujeres políticas sufren actos de discriminación, intimidación, agresiones verbales y físicas, sobre todo en el ámbito municipal.
La secretaria de Equidad y Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, afirmó que su partido está por modificar sus estatutos para contrarrestar los efectos de la violencia política contra mujeres, además de impulsar iniciativas para sancionar estas conductas: “Sabemos que hay resistencia de los señores para aprobarlas porque lo que se busca es sancionar en los partidos políticos y en el ejercicio de cualquier cargo público o en campañas políticas”, expresó.
Castello Rebollar dijo que el PRD hizo una investigación sobre la paridad en las campañas en 2015 y confirmó que hubo actos de violencia y discriminación en entidades y municipios.
“El estudio arrojó que nuestras mujeres sufrieron violencia física en diferentes momentos. Formalmente tenemos dos quejas: una quedó sin materia en razón de que el agresor fue asesinado en Oaxaca; la segunda es un reporte actual en el que estamos integrando documentos para acudir a la FEPADE”, detalló.
La Coceameg especifica que las mujeres se quedan relegadas por la imposición de obstáculos y dificultades para cultivar su liderazgo y desarrollar una carrera ascendente en cargos de poder y de representación, de la misma manera que los hombres.
Agrega que se debe tipificar la violencia política; cambiar la ley que rige a los partidos, y otorgar atribuciones a la FEPADE, el Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) para que estos institutos se vean obligados a tener mecanismos de prevención, atención y sanción.
La diputada Eloísa Talavera (PAN) dijo haber sufrido violencia política al competir por la candidatura para la alcaldía de Ensenada, Baja California, ya que no se cumplió con la paridad horizontal; es decir, cuando la ley establece que en los estados con municipios nones, la mitad más uno debe ser para mujeres, por lo que, asegura, debió ser la abanderada.
“Pero los partidos (PAN, PRI y PRD), impugnaron el acuerdo del INE, lo tumbaron y en ese momento el Tribunal Electoral Estatal decidió dejar que tomaran la decisión. Entonces la ley se la pasan por el arco del triunfo y por ello quedé fuera”, externó.
Talavera dijo que la violencia política se ejerce cuando el acosador hace comentarios como: “Tú que eres su amigo, dile que no es su tiempo. Es mujer, qué va a saber de gobernar. Eso es cosa de hombres”, hasta pasar la agresión física, sexual y en casos extremos, con la vida. “Es justo decir: ‘No más mujeres sometidas al capricho de la misoginia política’”, reclamó.
La Coceameg propone establecer mecanismos de denuncia y atención inmediata a situaciones de violencia política en contra de las mujeres, además de aprobar medidas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y violencia contra las mujeres candidatas.
Pide incorporar la violencia política a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, así como en la agenda política y obligar a partidos e instituciones a abstenerse de omisión en los derechos políticos electorales de las mujeres.
“Cuando la responsabilidad es la toma de decisiones, los hombres empiezan a dejar de ver a las mujeres. En mi caso, tengo 24 años de militancia en el PRD; si alguien me dice que no me ve, entonces el problema es de él, no mío”, dijo la diputada del PRD Cristina Gaytán.
Añadió que las mujeres pueden estar en cargos altos, pero mientras el tema de violencia no se haga visible, los hombres seguirán actuando como si nada pasará. “Tenemos que exigir que nos vean o continuarán en los puestos de toma de decisiones”, urgió.
La violencia política, argumentó Gaytán Hernández, no sólo es por los puestos, sino desde la manera en que se comunican con ellas, por ejemplo. Por eso insistió en combatir la cultura machista que permite anécdotas como las de sus compañeros senadores sobre el tema de trata de personas.
La presidenta del Organismo Nacional de Mujeres del PRI, la senadora Diva Gastélum Bajo, puntualizó que hasta ahora no se conoce que un hombre haya sufrido violencia política y eso es porque las mujeres no la ejercen.
“El PRI ha tenido quejas por violencia de género. El partido tiene claro que la violencia no es un juego porque hay mujeres asesinadas con violencia”, acotó.
Gastélum Bajo refirió que la violencia política es un “impedimento” para que las mujeres avancen, por ello debe tipificarse. “No basta que sean buena gente porque nadie nos está regalando nada. Esto es la cultura patriarcal; veamos a Hillary Clinton, la violencia no tiene que ver con países ni partidos, existe”, dijo.
