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El federalismo en México se encuentra en crisis y más allá de que los estados y municipios se hayan convertido en entes autónomos y de transparencia, algunos mandatarios lo han utilizado para abusar, coincidieron especialistas en materia político-electoral.
Al participar en la mesa Federalismo y Democracia Social en el Foro: El Federalismo, la Transparencia, la Rendición de Cuentas y la Democracia Electoral, con motivo de los 100 años de EL UNIVERSAL, el politólogo Alberto Aziz aseguró que al final de las administraciones locales se evidencian los “desastres” que dejan los mandatarios estatales.
Criticó que ahora vaya a salir “más caro el caldo que las albóndigas”, debido a que ahora se tienen que pagar 15 millones de pesos de recompensas por atrapar a los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
“Sobre la vinculación entre el federalismo y la democracia electoral, qué nos dice que varios de los gobiernos locales que terminan en un desastre completo y dejan a sus estados en una situación de precariedad financiera de altísimo nivel de corrupción se tratan de gobiernos cuyos partidos pierden las elecciones en este último año.
“Las pierden emblemáticamente por el signo de la corrupción que los caracterizó, esto podría ser una buena noticia, es decir, el sistema electoral puede todavía castigar este tipo de actos, pero en cualquier sistema democrático estos personajes estarían en la cárcel, algunos de ellos ya están en la cárcel, pero aquí a varios se les protege y mientras se les consigna se fugan, a veces sale más caro el caldo que las albóndigas, ahora va a costar 15 millones de pesos atrapar a Duarte o ahora a Yarrington”, aseguró Aziz, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, donde se llevó a cabo este foro.
Habló también de un “fracaso” entre el federalismo y la democracia debido a que cada vez son más los casos de gobernadores que salen con altos índices de corrupción y dijo que éstos rompieron los equilibrios de los Congresos locales, de la prensa y de los ciudadanos que no los señalaron.
El ex consejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa, dijo que el federalismo no existe y aseguró que en los últimos años se han tomado decisiones centralistas y no se ha tomado en cuenta, por ejemplo, a los organismos electorales locales.
“Hacer una exacerbada defensa de nuestro federalismo es referirnos a una condición casi aspiracional, y mucho menos a una experiencia histórica que esté ofreciendo un conjunto de resultados observables, por eso afirmo que en realidad el país ha sido especialmente centralista en términos de las capacidades políticas de intervención en los territorios, y esto nos lleva a la discusión de la seguridad, de impuestos, entre otros. Nuestra Constitución es una serie de intenciones federalistas”, expuso Alfredo Figueroa.
El moderador de esta primera mesa, Ricardo Raphael, columnista de EL UNIVERSAL, coincidió en que en la época de José López Portillo había un control político sobre los gobernadores, Congreso y alcaldes, pero ahora ya no se ve un control político, sino de dinero, para que los mandatarios estatales tengan Congresos a modo y poderes Judiciales cercanos.
“Tiene razón. El control político del Presidente sobre los gobernadores, los Congresos y los alcaldes se daba a partir de una decisión política, y a la política mexicana, que subordinada mandaba cualquier pluralidad, permitió un control de sitio. Lo que nos metieron como variable las elecciones es que ahora no es el control político, sino el dinero fundamentalmente”, aseguró Ricardo Raphael.
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, se manifestó por un modelo centralista y que sea un órgano el que tome las decisiones y baje a las demás entidades subordinadas, pues a un modelo híbrido se le tendrían que hacer distintas modificaciones.
“Yo sigo inclinándome por un modelo centralista en el que tengamos una autoridad que sea la encargada de garantizar estas condiciones y efectivamente los perfiles y las decisiones de las personas que las encabezan sí tienen que partir de la propia institución que estás encabezando, una convicción de la función que tiene encomendada y lo que se espera de esa institución”, detalló la consejera electoral.
También participó Fernanda Somuano, quién desarrolló los resultados del Informe País sobre Calidad Ciudadana en México, elaborado en 2014.
No al centralismo. En la segunda mesa, especialistas en transparencia y rendición de cuentas rechazaron el modelo centralista de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) tenga todas las facultades debido a que reduce las responsabilidades de los órganos locales y prolifera que los gobiernos estatales los “capturen”.
En la mesa Federalismo, rendición de cuentas, el comisionado del Inai, Joel Salas, y otros expertos también advirtieron de todas las nuevas facultades que se le dio a este órgano con la reciente reforma constitucional y cuestionaron si se podrán llevar a cabo todas las tareas.
La ex comisionada presidenta del extinto IFAI, Jacqueline Peschard, criticó también que en la transición de este órgano garante para ser Inai se acabó el Servicio Profesional de Carrera; dijo que a pesar de la autonomía en los órganos de transparencia a nivel local hay muchas formas de operación y “el problema real es la captura de los institutos de transparencia de parte de los gobiernos locales”.
Mencionó que en Coahuila apenas hasta este año se habilitó una plataforma para difundir datos precisos sobre publicidad gubernamental; en Chihuahua, apenas anunció su gobernador que también tendrá esta plataforma; mientras que en Morelos, hace dos años que no se actualizan los datos de su cuenta pública.
Sergio López Ayllón, director del CIDE, aseguró que la más reciente reforma constitucional da funciones al Inai de una manera desproporcionada que ni las súper mujeres ni súper hombres del órgano garante van a poder cumplir.
“Ni los súper hombres o mujeres del Inai podrían humanamente cumplir con un mandato que evidentemente, en mi opinión, es totalmente desproporcionado con las funciones que le atribuyen y el resultado es que no es por falta de recursos, de pericia, de técnica o de claridad, es porque la concepción normativa misma tiene un problema que no reconoce el lado menos grato del federalismo”, explicó Sergio López.
El modelo actual, dijo, no es federal, ni es central, y nos deja a todos en un mundo bastante nebuloso respecto a cómo salir de este problema en el que ya nos metimos. En esta mesa también participaron Haydeé Pérez, de Fundar, y el especialista Ricardo Becerra.
