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Las bancadas del PRD y del PAN en el Senado presentarán el próximo martes un par de iniciativas de reforma a la Constitución para crear la Ley de la Fiscalía General de la República y modificar la designación del titular de ese nuevo organismo autónomo.
Con esto cerrarían el paso en automático al actual procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, para asumir la titularidad del nuevo organismo.
La oposición busca eliminar el artículo transitorio de la reforma política que señala que el titular de la PGR que esté en funciones al expedirse la declaratoria quedará designado como fiscal general de la República por nueve años.
En conferencia de prensa, el coordinador del PRD en la Cámara Alta, Miguel Barbosa, explicó que su propuesta es que una vez que entre en vigor la Ley de la Fiscalía General de la República, haya un periodo de 20 días para que el Senado designe al fiscal de la nación.
“Y no para que el procurador se vuelva automáticamente fiscal de la República, en eso coincidimos PAN y PRD. Queremos que vaya para afuera el 16 transitorio del decreto en el que se publicó la reforma política de 2013”, explicó.
Barbosa dijo que con el PRD ya tiene listas las reformas, pero por acuerdo con el PAN, esperarán a que los blanquiazules procesen internamente estas modificaciones.
El senador poblano dijo que se espera que en la presentación de las iniciativas los acompañen los presidentes nacionales del PRD, Alejandra Barrales, y del PAN, Ricardo Anaya, pero la agenda del panista no lo ha permitido. Se conoció que el PAN y el PRD proponen candados suficientes para la actuación libre y sin injerencias, ni de superiores jerárquicos, ni de agentes externos de cualquier tipo, en las investigaciones y diligencias de los responsables de la procuración e impartición de justicia que realice la Fiscalía General de la Nación.
Para ello se implementará un servicio civil de carrera, para construir una fiscalía que privilegie el mérito, las capacidades y el profesionalismo en el ascenso de los servidores que la formarán. Además, deberán ofrecerse buenos sueldos, prestaciones y garantías de protección de los mismos.
