Política

Impulsa el Senado ley general de archivos

Buscan PRI, PAN y PRD administración homogénea para documentos en los tres órdenes de gobierno del país

La iniciativa determina que el Archivo General de la Nación será el ente rector del patrimonio documental (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
18/11/2016 |02:04Alberto Morales y Juan Arvizu |
Redacción El Universal
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politica@eluniversal.com.mx

Senadores del PRI, PAN y PRD presentaron una iniciativa para crear una ley general de archivos que establezca una administración homogénea de éstos en los tres órdenes de gobierno a nivel nacional.

Al presentar la propuesta, la senadora Laura Rojas (PAN) explicó que los archivos históricos no estarán sujetos a las leyes de acceso a la información pública ni de datos personales, “sino que serán de consulta irrestricta”, por lo que sólo se considera su reserva en casos de seguridad nacional o se testarán cuando tengan datos personales.

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En conferencia de prensa, la senadora Cristina Díaz (PRI) aseguró que el próximo 29 de noviembre comenzarán las audiencias públicas para que expertos y la sociedad civil enriquezcan la ley y confío en que en este periodo ordinario de sesiones será aprobada.

“Estamos convencidos que la transparencia y el acceso a la información son pilares de la democracia, por ello debemos construir las herramientas jurídicas para fomentar un gobierno abierto y cercano a la gente”, dijo.

Explicó que la iniciativa determina que será el Archivo General de la Nación el ente rector del patrimonio documental y será el encargado de realizar investigaciones, custodiarlo y promoverlo en aras de la cultura archivística de México.

Además, afirmó, con esta acción se sientan bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos en los tres órdenes de gobierno.

Destacó que como novedad se aplicarán sanciones penales a quienes sustraigan, oculten, alteren, mutilen, destruyan o inutilicen —total o parcialmente— información y documentos de los archivos bajo su resguardo. Las sanciones también se podrán aplicar a quienes trasladen fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la nación, sin autorización del Archivo General de la Nación.