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Para evitar que el ex gobernador prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa utilice los recursos obtenidos presumiblemente de manera ilícita, la Procuraduría General de la República (PGR) congeló 112 cuentas bancarias y aseguró cinco empresas y cuatro propiedades relacionadas con la red de amigos, familiares, ex servidores públicos y personas imputadas en los hechos delictivos por los que se le persigue.
La PGR solicitó asistencia jurídica a los gobiernos de Estados Unidos, España y Costa Rica para obtener información sobre las cuentas bancarias, las empresas y los inmuebles adquiridos en el extranjero relacionados con los delitos por los que es investigado Duarte.
Esta estrategia evitará que él y sus cómplices aprovechen los recursos obtenidos a través del lavado de dinero.
La dependencia informó que se han abierto 75 investigaciones por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada; así como el seguimiento de la indagatoria iniciada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz por peculado e incumplimiento del deber legal, cuyas carpetas de investigación fueron atraídas por la PGR en septiembre.
De estas indagatorias, 32 fueron iniciadas con motivo de las querellas formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al detectar la contratación de empresas “fantasma”, cuyo giro no correspondía al reportado, eran inexistentes o nunca suministraron los artículos y servicios pagados para la población veracruzana.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 43 denuncias por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades al desviar recursos. Derivado de estas investigaciones, la PGR obtuvo nueve órdenes de aprehensión, una de ellas contra Duarte de Ochoa y dos de ellas cumplimentadas en contra de las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzáte Peralta, quienes fueron vinculadas a proceso el pasado 23 de octubre.
Domingo Yorio Saqui, quien fuera director general de Catastro y Valuación del gobierno de Veracruz durante el mandato de Duarte, fue vinculado a proceso el 14 de octubre por su probable responsabilidad en la comisión de Abuso de Autoridad.
El ex gobernador es buscado por el Gabinete Nacional de Seguridad desde el pasado 18 de octubre, fecha en la que juez federal liberó la orden de aprehensión en su contra. El viernes la PGR ofreció una recompensa de 15 millones de pesos a quien proporcione información veraz y útil para su localización y aprehensión.
En Veracruz, la dependencia ha hecho cuatro operativos para realizar diligencias en instituciones estatales; también se han ejecutado siete cateos en domicilios de la Ciudad de México y Valle de Bravo, Estado de México, además del realizado en un rancho de Chiapas, señalado por el sacerdote Alejandro Solalinde.
Entre los predios asegurados por la PGR destaca el rancho “Las Mesas”, en Valle de Bravo. Esta propiedad cuenta con una superficie de 92 hectáreas, tiene suites de lujo y caballerizas. Los otros inmuebles asegurados se ubican en Lomas de Chapultepec y Polanco. También se confiscaron parcelas con aproximadamente 630 hectáreas de superficie en el Ejido de Lerma, Campeche.
