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Si se les niega el derecho a la justicia a los militares emboscados el pasado 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, por un comando armado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podría pronunciarse por violaciones a sus garantías.
El pasado 9 de octubre, el abogado César Gutiérrez Priego, hijo del general fallecido Jesús Gutiérrez Rebollo, presentó una queja ante la CNDH respaldada por 2 mil firmas de familiares y militares en retiro, desde sargentos hasta generales, por actos de omisión de las autoridades locales al no brindar apoyo de manera inmediata al convoy militar.
Ayer, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, explicó que se analiza si es de su competencia; sin embargo, hasta el momento sería una investigación ministerial, pero en caso de que no se haga justicia a los efectivos que fueron emboscados ya se estaría hablando de violaciones a sus derechos y entonces podría actuar la comisión.
“La queja la estamos analizando desde el punto de vista de competencia, porque lo que se dio fue una emboscada, que condenamos y reprimimos, y hemos pedido que se investigue, se encuentre a los responsables y se les sancione con el mayor rigor que la ley prevé”, indicó.
Explicó que la CNDH es competente sobre actos u omisiones por parte de una autoridad hacia los gobernados, “desde luego todos tenemos derechos, el policía, el integrante de las Fuerzas Armadas, todos, en función de la situación en la que se encuentre”.
Reiteró que es una investigación ministerial, porque la agresión la cometieron particulares, “pero que puede pasar de circunstancias que señalan en la queja de que si hubo o no alguna autoridad omisa; si no se les procura justicia a los elementos militares se estaría cometiendo una violación del derecho al acceso a la justicia, entonces es cuando se actualiza, estamos en ese análisis, no es conclusivo”, agregó.
De acuerdo con Gutiérrez Priego, lo que buscan es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligue al Legislativo para que emita una ley que regule cómo debe ser el trabajo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.
La queja va enfocada a todas esas autoridades municipales, estatales y federales que no brindaron el apoyo después de las llamadas de auxilio y que vulneraron los derechos humanos del personal militar, según consta en el documento.
Otro de los puntos de la queja es que la CNDH no señale en sus recomendaciones a la Secretaría de la Defensa que sí puedan utilizar otro tipo de armamento cuando estén haciendo trabajos de la lucha contra el narcotráfico.
