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alberto.morales@eluniversal.com.mx
La Junta de Coordinación Política del Senado recibió 32 aspirantes al cargo de Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de la PGR, cuyo plazo para registrarse terminó ayer a las 18:00 horas.
Entre los aspirantes destacan la comisionada presidenta del Inai, Ximena Puente de la Mora; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Hallivis Pelayo; el ex Visitador General de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, así como el ex encargado de Asuntos Internos de la Policía Federal, Edgardo Flores Campbell.
Puente de la Mora explicó que se inscribió porque “queremos aportar a este importante proceso nuestra experiencia en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Aseguró que México debe dejar atrás los temas de corrupción como escándalos públicos a procesos penales con debidas consecuencias en la aplicación del Estado de derecho.
La comisionada explicó que durante este proceso no desatenderá sus responsabilidades dentro del Inai y además, adelantó que se abstendrá de resolver y votar asuntos relacionados con el Senado de la República, para evitar conflictos.
Rechazó que esté “apadrinada” o tenga el respaldo de los coordinadores parlamentarios. “Esta es una decisión personal y profesional, motivada por la convicción de servir en esta importante fiscalía, seré respetuosa a todos los perfiles que se inscriban”, dijo.
Entre los aspirantes se encuentran también Miguel Sarre Iguíniz, ex integrante del Comité de Derechos Humanos de la ONU y académico del ITAM.
Así como Jack Rafael Gorodezky Mirsky, quien en 2013 fue investigado por la Procuraduría General de Justicia del DF, por intentar ingresar a un evento de entonces embajador de Estados Unidos en México, Antonhy Wayne, sin autorización.
Además del abogado José Fernández de Cevallos y Torres, familiar del panista Diego Fernández de Cevallos. El litigante se inscribió en el proceso de 2014 de Fiscal Anticorrupción que dejó inconcluso el Senado, pero mediante la aprobación de un acuerdo dejó a salvo los derechos del entonces aspirante para poder inscribirse en la nueva convocatoria.
La Jucopo verificará que los documentos de los aspirantes acrediten los requisitos de la convocatoria, para enviar las candidaturas a las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción, que darán a conocer el calendario de comparecencias. Luego se hará un listado de los aspirantes idóneos y la Jucopo acordará el nombramiento del fiscal, que aprobará después el pleno del Senado.
