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Antonio Lozano Gracia, quien encabeza el equipo de la defensa legal del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, ha participado en casos polémicos en el sector público y privado.
Es licenciado en derecho, egresado de la UNAM en 1976 con diplomado en criminología, por la Universidad de Salamanca, España, y fue profesor investigador en la Universidad de Georgetown, Washington, entre 1998-2000.
En 2012 recibió del Gobierno del Distrito Federal el Reconocimiento al Mérito, es fundador y miembro del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. y se describe en el portal de la firma de abogados que lleva sus apellidos como accionista y consejero de diversas empresas.
Lozano Gracia fue miembro del Partido Acción Nacional entre 1979 y 2012. Como servidor público fue representante ante la Comisión Federal Electoral, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, Coordinador del Grupo Parlamentario en la LVI Legislatura, representante ante el Consejo General del IFE, Secretario General Adjunto y Diputado Federal en la LVI Legislatura, resalta en el portal.
En 1994 el presidente Ernesto Zedillo lo nombró procurador General de la República, fue el primer miembro de un partido de oposición en el gabinete del Ejecutivo Federal. Ocupó el cargo hasta 1996.
Cuando era procurador nombró a Pablo Chapa Bezanilla fiscal especial para investigar el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, crimen cometido en la administración anterior de Carlos Salinas de Gortari, quien era su cuñado.
Con base a la declaración de Fernando Rodríguez González, un priista detenido cuando era colaborador del diputado Manuel Muñoz Rocha por presuntamente llevar a los sicarios hasta la víctima, fue aprehendido Raúl Salinas de Gortari. El hermano del ex presidente y Muñoz Rocha eran los supuestos autores intelectuales; este último desapareció después del asesinato.
Sin embargo la imputación se debilitó cuando se supo que el fiscal especial contrató los servicios de una vidente, Francisca Zetina, alias La Paca, para que señalara el lugar donde yacían los restos de Muñoz Rocha, en el supuesto de que había sido asesinado.
Al darse a conocer la colaboración de la vidente se investigó y se descubrió que La Paca los había engañado porque sembró con anticipación los restos óseos en la finca “El Encanto”, propiedad de Raúl. Las pruebas de ADN revelaron que los restos eran del suegro de La Paca.
Raúl fue exonerado.
La firma de abogados
Desde que Antonio Lozano Gracia fue cesado como procurador de la República, hace casi 20 años, se alejó del servicio público.
Lozano Gracia colaboró con el despacho de Diego Fernández de Cevallos y en 2003 fundó la firma de abogados Lozano Gracia, en la que trabajan ex funcionarios de los tres niveles de gobierno, en asuntos de alto impacto, de acuerdo con la descripción de su portal de Internet.
En ella se describe como socio fundador y director, su área de especialidad es la estrategia legal integral que tiene como misión defender con alto compromiso y eficacia los derechos e intereses legítimos de personas e instituciones, a través de estrategias integrales de negociación jurídica y de atención especializada y progfesional.
Entre los socios de esta firma de abogados hay ex servidores públicos, la mayoría ligados al PAN, como César Nava, quien fue secretario particular del Presidente Felipe Calderón.
Arturo Chávez Chávez, ex Procurador General de la República y ex subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en la administración de Felipe Calderón.
César Jáuregui Robles, coordinador nacional de diputados locales del PAN entre 2007 y 2009, senador de la República entre 2000 y 2006, y diputado federal por el mismo partido.
Enrique Barber González de la Vega ex coordinador de asesores de la PGR y ex director general de Asuntos Jurídicos de Segob. En el PAN fue Coordinador de Asesores del Grupo Parlamentario en el Senado.
También destaca Francisco Cuevas Godínez, ex presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de su Junta de Gobierno y Administración, quien fue magistrado en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y Coordinador General Jurídico de la Presidencia.
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