Diputados del PRD solicitaron a los gobiernos de la República y de Veracruz, así como al Congreso federal y estatal, “no ser partícipes ni cómplices del robo desvergonzado” que se pretende contra los veracruzanos mediante la retención y desvío del presupuesto.

Los legisladores Julio Saldaña Morán y Leonardo Amador Rodríguez advirtieron que la situación en la entidad no está para más burlas ni violaciones flagrantes a la legalidad, como se pretende con el traspaso de la responsabilidad de entregar esos recursos al nuevo gobierno que iniciará en diciembre próximo.

“La acción de protesta por parte de alcaldes del PRD y del PAN con la toma del Palacio de gobierno en Xalapa, es un acicate para que el Ejecutivo federal recupere los recursos sustraídos indebidamente, en lugar de un pretexto para legalizar el despojo”, afirmaron.

Saldaña Morán recordó que desde el 10 de octubre, se advirtió de una crisis de inseguridad en los municipios veracruzanos a causa de la omisión gubernamental en la entrega del presupuesto federalizado de 2016.

Refirió que cinco días antes, el entonces secretario de Gobierno y hoy gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, y el secretario de finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, se comprometieron a entregar los recursos a los alcaldes, encabezados por el propio Saldaña Morán conforme a ciertas fechas.

“Los destinados a bursatilización se entregarían el 6 de octubre; los del Programa de Fortalecimiento Financiero para la Inversión (Fortafin), el 20 de octubre, y los de Hidrocarburos, el 30 de octubre”, detalló el perredista.

El diputados Julio Saldaña dijo que es vergonzante que a casi un mes de ese compromiso, ahora sea el propio Flavino Ríos, quien pretende legalizar el despojo de miles de millones de pesos a los veracruzanos mediante una reforma al Código Financiero en la que se traslada al próximo gobierno la responsabilidad de pagar los recursos que no aparecen, con lo cual se proyecta darlos por perdidos definitivamente.

“Hay un enojo generalizado por tanto incumplimiento y tanta burla, y más porque, a pesar de denuncias ante diversas instancias, como la Procuraduría General de la República y el mismo Congreso, no hay acción alguna para detener este despojo a la población y sí, en cambio, hay un encubrimiento para quienes lo realizan”, puntualizó.

afcl

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