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El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, rechazó la iniciativa que presentó el pasado jueves el senador panista, Jorge Luis Preciado, para que todos los ciudadanos puedan portar armas en su casa, negocio y vehículo y dijo que "no estamos en el viejo oeste para avalar la justicia por mano propia".
En un comunicado, el legislador del sol azteca advirtió que el Partido de la Revolución Democrática no avalará ni acompañará en el Congreso, ninguna propuesta que implique combatir la violencia con violencia.
"¡No podemos avalar que la población se haga justicia de propia mano! ¡Si no estamos en el viejo oeste ni mucho menos queremos malas copias de Donald Trump para defender la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos! ¡Si es precisamente contra lo que estamos luchando!", afirmó el ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
En la comunicación, el legislador sonorense exhortó a la Subcomisión de Examen Previo de San Lázaro, para que actúe con celeridad y no retarde ni use a conveniencia, las 352 demandas de Juicio Político presentadas contra funcionarios públicos de distintos niveles, mismas que se encuentran acumuladas desde hace 13 años en este recinto.
Zambrano Grijalva sostuvo que sus integrantes -encabezados por Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa (titulares de las comisiones de Gobernación y de Justicia, respectivamente y ambos militantes del PRI)- están obligados a recuperar el tiempo perdido y atender con hechos, la gran demanda social de llegar hasta el final en los juicios políticos, probar que no habrá impunidad y que desde el Poder Legislativo, se asume y hace suya la exigencia social de aplicar la ley contra los malos servidores públicos, sean quienes sean”.
Refirió incluso que si es auténtica la voluntad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de combatir la corrupción, sus legisladores tienen en ésta, la gran oportunidad de demostrarlo a partir de la Subcomisión de Examen previo que tienen bajo su responsabilidad y sin sesgos políticos, solo con la firme convicción de castigar a quienes han traicionado a la Patria por ese tipo de actos.
“Se tardaron casi medio año para sesionar por primera vez. La estrategia del PRI ha sido dilatar estos procesos pero ya no le funcionó debido a las constantes presiones que se han venido aplicando, primero por un ciudadano que pidió a la Suprema Corte de Justicia, su intervención por el abandono que se dio a estos casos y por lo cual, la fracción mayoritaria se vio obligada a instalar la Subcomisión en abril; pero desde entonces hubo una total parálisis. Han tenido que imponerse nuevamente amparos y denuncias desde el PRD para que, por fin, se reunieran para definir actividades, y no vamos a quitar el dedo del renglón en este tema” advirtió.
Zambrano planteó en este sentido, la posibilidad de que la Subcomisión de Examen Previo pueda clasificar las demandas de Juicio Político que en realidad son procedentes pues mencionó que -de acuerdo con la ley- el desahogo de las 352 demandas presentadas ante la Cámara implicaría por lo menos, tres meses y medio por cada una.
Además, expuso, hay asuntos que, de plano, se desechan porque los demandados fallecieron como ocurre con los casos -por ejemplo- del ex subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos; del ex Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; o los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls y José de Jesús Gudiño.
Concretó que en este asunto de los juicios políticos, hay actuaciones violatorias de la ley que deberán ser evidenciadas por la Cámara de Diputados porque la Subcomisión de Examen Previo y la Sección Instructora, no respetaron los plazos y términos establecidos en la Constitución y las Leyes correspondientes, ya que muchos de los casos se vienen arrastrando son desde la 59 legislatura en 2003; y se trata de asuntos que, de haber sido atendidos en tiempo y forma, ya nos hubiesen dado otro panorama como país en materia de combate a la corrupción y a la impunidad contra varios servidores públicos.
