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Ante el aumento del flujo migratorio de personas provenientes de África y Haití que han rebasado la capacidad de los albergues en Tijuana y Mexicali, Baja California, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó más medidas cautelares a las secretarías de Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE) y Desarrollo Social (Sedesol).
El organismo que encabeza el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó su preocupación a la entrada de indocumentados por la frontera sur de México y que se quedan estacionados en Baja California en condición de calle debido a que los albergues ya no tienen cupo.
“Se encuentran en situación de calle y no pueden cubrir sus necesidades básicas, especialmente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, en tanto esperan ser atendidos por las autoridades norteamericanas, quienes reciben en promedio a 60 personas al día, cuando diariamente llegan a Tijuana y Mexicali entre 280 y 300 personas, y en ocasiones el número es mayor”, dijo.
En ese sentido, pidió medidas urgentes a las dependencias antes mencionadas para garantizar la adecuada ayuda humanitaria y que generen acciones para tener una migración ordenada y respetuosa de sus derechos humanos.
A la Secretaría de Gobernación la CNDH pidió que en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales apoye a los albergues de Baja California para que puedan brindar alojamiento temporal, alimentación y aseo a la población migrante, así como habilitar lugares de pernocta con iguales servicios y atención médica-psicológica, especialmente a niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad.
En coordinación con la Secretaría de Relaciones, la Segob también deberá buscar una estrategia para hacer frente a flujos migratorios intensos, en el que se tenga como eje principal el pleno respeto a los derechos humanos.
A la Cancillería solicitó que por medio de la vía diplomática, negocie y logre acuerdos con los países involucrados en este caso, para hallar una salida al problema con pleno respeto a los derechos humanos.
“Lograr acuerdos con autoridades estadounidenses para que con un enfoque de responsabilidad compartida, aceleren el proceso de atención y aumenten la recepción del número de solicitudes de asilo, a fin de disminuir la estancia de espera y brindar a las personas migrantes una adecuada atención humanitaria”, explicó.
Mientras que a la Sedesol “se le pide coordinación con las autoridades estatales y municipales en cuestión, para brindar apoyos necesarios y suficientes a los albergues, además de habilitar lugares de alojamiento donde se proporcione alimentación, aseo y atención médica-psicológica, especialmente a grupos vulnerables, con respeto a su dignidad y derechos humanos”.