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WASHINGTON.— El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al Congreso el mes pasado, sin hacer mucho ruido y casi a escondidas, que México cumplió con los requisitos en derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida y que, por tanto, recibirá 15% adicional de los fondos establecidos para este año en ese programa destinado a la lucha contra el crimen organizado, las drogas y el lavado de dinero.
El portavoz de la diplomacia estadounidense, John Kirby, confirmó ayer a EL UNIVERSAL en un correo electrónico que el pasado 6 de septiembre se mandó al órgano legislativo el denominado Fifteen percent report (Informe de 15%), documento en el que se reporta la situación de derechos humanos en el país para evaluar si cumple los compromisos y así recibir el porcentaje comprometido. “Concluimos que el gobierno de México cumple los criterios estipulados por la ley, aunque reconoce que todavía hay serios retos en derechos humanos”, apuntó Kirby.
Esta decisión es un giro completo a la tomada por estas fechas del año pasado, cuando Estados Unidos determinó que México no cumplía los requisitos y congeló el envío de 5 millones de dólares que serían destinados a la lucha contra el narcotráfico, una porción mínima de los 195 millones destinados a la Iniciativa Mérida en el pasado año fiscal pero que significó la primera vez desde 2008, año que entró en vigencia el programa, que EU congelaba su ayuda.
El informe de este año no había salido a la luz hasta ayer, cuando The New York Times, en un editorial, criticó la decisión de la diplomacia estadounidense: “Si bien México ha anunciado una serie de iniciativas para frenar el uso de tortura y prometió que investigará más diligentemente las desapariciones forzosas, sus compromisos no pueden ser creídos, ni que sea por el sorprendente mal manejo de la investigación de la supuesta masacre de 43 estudiantes universitarios hace dos años”.
En las 20 páginas del reporte, el Departamento de Estado hace un repaso a los “ambiciosos esfuerzos”, las medidas y los “importantes pasos” dados en los últimos 10 años “para mejorar la protección de los derechos humanos, incluyendo una gran transformación de sus sistema judicial y de fuerzas de seguridad”.
Analiza dos casos que continuan siendo un “reto”: Ayotzinapa y Tlatlaya. “Continúan habiendo serios retos en México, incluyendo reportes de la implicación de militares y fuerzas del orden en desapariciones forzosas y asesinatos extrajudiciales, reportes de tortura, impunidad y violencia”, señala el informe. Sin embargo, las perspectivas son positivas y los pasos prometidos contentan al gobierno estadounidense.
“Los retos en derechos humanos se mantienen, pero estamos comprometidos en apoyar los esfuerzos de México para incrementar el respeto por los derechos humanos”, dijo.
Las organizaciones a favor de los derechos humanos también se mostraron molestas al conocer el informe. Desde la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), la coordinadora principal del programa de México, Maureen Meyer, dijo en un comunicado que “afirmar que el gobierno mexicano está avanzando lo suficiente en derechos humanos va en contra de la realidad en el país”, especialmente por el caso Ayotzinapa.
Recordó que en agosto nueve senadores se unieron a las protestas de organizaciones sociales por la “crisis de derechos humanos” que vive México, así como la segunda carta de congresistas estadounidenses dirigidas al secretario de Estado John Kerry, para alertarlo de las violaciones de derechos humanos en México.
