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Para que las juntas de Conciliación y Arbitraje federal y locales pasen a manos del Poder Judicial, como propuso el 28 de abril pasado el presidente Enrique Peña Nieto, se requiere que el Congreso apruebe su iniciativa de ley, pero además es necesario contar con una segunda iniciativa, que a la fecha no existe, para derogar el modelo actual en que opera en esas juntas y establecer cuál será el nuevo esquema de justicia laboral que lo sustituirá en estructura y funcionamiento, consideró Héctor Mercado, magistrado de Circuito del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo.
“Hablo a título personal, porque el tema aún no ha sido mencionado, ni siquiera abordado, dentro del Poder Judicial. Llevo 40 años inmerso en el derecho laboral y entiendo que el proyecto del Presidente no es cambiar solo la organización de las juntas de Conciliación y Arbitraje, sino convertirlas en tribunales que se incrustarán dentro del Poder Judicial, con lineamientos y procedimientos claros para dictar sentencia”, señaló.
Desde su perspectiva como magistrado en temas laborales, Mercado coincidió en que la reforma constitucional presentada es necesaria porque en la práctica la justicia en la materia es inaccesible y lenta para muchos trabajadores del país. Por ejemplo, contabilizó que el promedio de duración de un juicio a partir de que se presenta una demanda hasta que se emite el primer laudo, es de cuatro años y medio. Sin embargo, si alguna de las partes se ampara, el plazo se amplía cuatro u ocho años más.
“Las juntas federales y locales tienen tres problemas graves. El primero es de vicio, porque desde su origen dependen del Poder Ejecutivo o gobierno local, a través de la Secretaría del Trabajo. Así quedó estipulado en la ley desde antes de la Revolución Mexicana hace casi un siglo. Por eso carecen de autonomía, independencia y de otros requisitos necesarios para convertirse en un sistema de justicia moderno, eficaz y neutro”.
El segundo es que no existen juntas de conciliación en todas las ciudades del país, lo que hace inaccesible la justicia laboral para muchos trabajadores. Como ejemplo habló del municipio de Parácuaro, Michoacán, donde si un trabajador necesita interponer una demanda debe desplazarse hasta la capital del estado (Morelia) para iniciar un juicio, y eso implica gastos de traslado, alimentos y hospedaje por varios días, además de tener que regresar periódicamente para conocer el avance de su demanda.
Mercado afirmó que muchos trabajadores de provincia abandonan su intención de demanda y búsqueda de justicia ante la prioridad de conseguir otro empleo que les permita recibir un sueldo inmediato.
El tercer problema, destacó, es que la mayor parte de las juntas de Conciliación y Arbitraje carecen de un presupuesto suficiente e instalaciones modernas que permitan el desarrollo fluido de un juicio.
“México es el país más atrasado en materia de justicia laboral en Latinoamérica y necesitamos cambiar a un modelo de justicia tan eficaz, que emita la primera sentencia antes de un año. Sí se puede, hay modelos muy exitosos en Chile, Venezuela y Uruguay, donde los sitios de justicia laboral se transformaron en lugares de justicia oral con un principio de inmediatez muy profundo, en el cual el juez debe estar presente en todas las audiencias e incluso cuentan con sistema de apelación”, adelantó.
Los procesos de transición en estos países duraron en promedio cuatro años, en los que se entrenó personal, se modificaron instalaciones e inmuebles, y se diseñó la permanencia de las viejas juntas de Conciliación y Arbitraje sólo para concluir aquellos juicios que estaban bajo el anterior sistema de impartición.
Confió en que la iniciativa para definir el nuevo modelo de justicia laboral, quede en breve o a más tardar a inicios de 2017 y consideró que ésta no debe ser asesorada por integrantes del Poder Judicial, puesto que por naturaleza, la función de éstos es evaluar las leyes emanadas del Poder Legislativo, lo que podría incurrir en un conflicto de intereses.
