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El sector privado, por conducto de la Coparmex, lamentó que sólo se haya contado con cinco días para la propuesta de candidatos al Comité de Participación Ciudadana, que será el órgano de Estado que se hará cargo de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
El vicepresidente nacional de Estado de Derecho y Democrático de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Valeriano Suárez Suárez, reveló que en su búsqueda de prospectos, entre quienes tienen el perfil adecuado, para formar parte del Comité de Participación Ciudadana, “muy pocos quieren, y no es fácil encontrarlos”.
Este jueves termina el plazo para registrar candidatos a consejeros ciudadanos anticorrupción.
Max Káiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), dejó en claro que los cinco integrantes de dicho comité dirigirán un órgano de Estado, y su designación constituye un momento fundamental en el proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción que merece pasar por una deliberación.
Dijo que la provisión de presupuestos para los órganos que integrarán el sistema anticorrupción, debe considerarse como una inversión, no como un gasto. Señaló que con 10% de lo que supone el escándalo de los televisores digitales se paga la operación del SNA de un año.
Llamó a cuidar la implementación de las facultades, por ejemplo, del Tribunal de Justicia Administrativa, que tendrá poder para tirar gobernadores y senadores, sin que sean despojados del fuero, que es inmunidad penal, y llevarlos a responder por responsabilidades que investigue y documente la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En los trabajos del Seminario Designaciones Públicas del Instituto Belisario Domínguez del Senado, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana; Eduardo Guerrero Gutiérrez, representante de Lantia Consultores, y Alejandro Ríos Rippa, presidente nacional del Comité Anticorrupción de la Coparmex, comentaron que el fiscal Anticorrupción, de escasos 18 meses, como está previsto en la ley, en tanto surge el Fiscal General, tendrá la responsabilidad de levantar la estructura básica de la nueva institución.
Alejandro Ríos, de Coparmex, dijo que quien llegue al cargo de Fiscal Anticorrupción debería contar con un plan real de trabajo, con el equipo técnico, de confianza e investigación, necesario para alcanzar sus metas, y que incluya acercarse a la sociedad civil y al sector empresarial.
A los ciudadanos interesados en la temática anticorrupción, Alejandro Ríos sugirió que acudan con los senadores que los representan y ejercer presión sobre ellos para que estén atentos en que el fiscal anticorrupción y otros cargos del SNA sean ocupados por los perfiles adecuados.
Subrayó que los empresarios deben mejorar sus prácticas a la luz de criterios anticorrupción, y para ellos la organización patronal emprende acciones para ofrecerles información, y tiene firme su política de denunciar a quienes son corruptores desde el sector privado.
Eduardo Guerrero Gutiérrez, de Lantia Consultores, dijo que para desmantelar el régimen de corrupción, el Senado es un espacio crucial, por sus atribuciones en materia de designación de funcionarios públicos.
Marco Fernández, investigador de México Evalúa, planteó que tanto la SFP, como el consejo de participación ciudadana, tendrán poco tiempo para dar resultados frente a una gran expectativa de la sociedad. Nombrar titular de la Función Pública a un improvisado, dijo, sería costoso.
