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A pesar de que la transparencia es una referencia constante en el discurso de los gobernadores, y que en promedio los 32 estados destinan 8.34 pesos por persona, entidades como Puebla, Chiapas, Baja California, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas apenas otorgan menos de la mitad de esa cifra.
De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Puebla otorga en promedio 2.1 pesos por persona a este rubro; Chiapas, 2.8 pesos; Baja California y Guerrero, 3.4 pesos; y Tamaulipas y Michoacán, 4.1 pesos por persona.
El documento —al que EL UNIVERSAL tuvo acceso— señala que a nivel federal se erogan 7.67 pesos por persona para la transparencia.
El estudio informa que Campeche es la entidad que más recursos per cápita otorga a la transparencia, con 20.7 pesos; seguido de Aguascalientes, con 16.3 pesos; Quintana Roo, con 16.2 pesos, y Coahuila y la Ciudad de México, con 14.16 pesos.
El Inai también hizo un análisis comparativo de presupuestos asignados a los órganos garantes estatales y el federal.
A nivel nacional, el promedio de recursos destinados a la transparencia, como proporción del presupuesto de cada entidad, es de 0.06%, la cual se ha mantenido para los últimos cinco años. En el caso de la federación, la proporción es de 0.02 %, en comparación de su puesto.
En 2016 la Administración Pública Federal tuvo un presupuesto de más de 4.7 billones de pesos y la participación de esos recursos para el Inai fue de 937.8 millones de pesos; es decir 0.2%.
“Para 2016 se observa una marcada dispersión entre las entidades federativas. Mientras que los cuatro estados con mayores recursos destinados a la transparencia, como proporción del presupuesto son: Aguascalientes (0.12%), Quintana Roo (0.11%), Campeche (0.10%) y Coahuila (0.10%); existen entidades como Chiapas, Guerrero y Puebla que mantienen una baja proporción de recursos destinados a la transparencia con respecto al presupuesto estatal (0.02%), tanto en 2016 como en 2015”, se informa.
Competencias y obligaciones. Óscar Guerra Ford, comisionado del Inai, lamentó que sólo en el discurso los gobiernos estatales se preocupen por la transparencia, porque existe una dispersión muy alta, en lo que se refiere al presupuesto local y los recursos que se destinan a la transparencia por habitante en cada entidad.
“En términos generales, consideramos que cada órgano garante debería de tener 15 pesos por persona para cumplir con las nuevas competencias y obligaciones de transparencia”, dijo.
Explicó que la falta de recursos imposibilita cumplir 100% con las responsabilidades de los órganos garantes, debido a que se amplió el número de sujetos obligados, además que requieren tener capacidades técnicas —como servidores— para hospedar la parte que le corresponde en la Plataforma Nacional de Transparencia.
“Hay muchos [órganos garantes] que el internet con el que se conectan a la plataforma es deficiente, de pequeña capacidad, lento y se cae. Lo ideal es que tengan internet con fibra óptica; hasta hemos tenido problemas porque carecen de electricidad”, expresó.
Aseguró que entre menos recursos se destinen a los órganos locales se afecta a la transparencia en general, debido a que sus capacidades se reducen porque no pueden hacer capacitación, acompañamiento, evaluación, resolución de recursos o garantizar que la información esté de manera adecuada en los portales de internet.
Guerra detalló que en breve la comisionada presidenta del Inai, Ximena Puente, enviará un oficio a los gobernadores, a los presidentes de las Cámaras, a los dirigentes de los Congresos Estatales para sensibilizarlos y que puedan incrementar el presupuesto de los órganos locales.
Ante ese escenario, el Inai propuso crear un Fondo de Aportaciones Federales para la Transparencia (Aporta), que tiene como objetivo contar con una bolsa de 300 millones de pesos para que las entidades hagan frente a sus necesidades en temas de transparencia.
La iniciativa es que Aporta sea un fondo del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, a través del cual sean transferidos recursos etiquetados del gobierno federal a los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información pública de las entidades.
El fondo permitiría reducir las asimetrías en el acceso a la información pública en las entidades, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales de los propios órganos garantes.
