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justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Han pasado 10 años desde aquel 3 y 4 de mayo de 2006 cuando los policías irrumpieron al territorio de Atenco y Texcoco y se enfrentaron con sus habitantes, quienes se oponían a ceder sus tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto y la denuncia de 11 mujeres víctimas de violaciones a sus derechos humanos hicieron que el Caso Atenco llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue la encargada de adoptar el Informe de Fondo que da la razón a las denunciantes y ordenó que el caso llegue ala Corte Interamericana.
La Comisión concluyó que las denunciantes sufrieron detención ilegal y arbitraria, actos de tortura física, sicológica y sexual, falta de debido proceso y denegación de justicia.
Patricia Torres recuerda que ella tenía 23 años cuando los policías llegaron a agredirla, al igual que a otras mujeres. Sólo 11 persistieron en la denuncia y hoy presumen el logro que las acerca a la justicia.
“Sé que se va a hacer justicia, estamos luchando para que sea así y que se sepa quiénes son los mentirosos”, dijo Patricia en conferencia.
Patricia Torres dice estar más fuerte que nunca y lista para ver que finalmente los responsables reciban castigo. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) respaldan a las víctimas y las acompañarán en el proceso de audiencias ante la CoIDH.
“Hoy soy una mujer fuerte, estoy parada, a que cada una de nosotras pudo afrontar todo lo que nos hicieron, porque lo que nos hicieron fue traumático, una revictimización, fue tortura, fue violación. Estuve ahí en San Salvador Atenco por defender a los compañeros campesinos”, dijo.
Otra de las víctimas, Claudia Hernández, arremetió contra las instituciones de justicia del Estado mexicano y las acusó de negarles la posibilidad de justicia.
Santiago Aguirre, del Centro Prodh, reconoció que en México prevalece la impunidad, pero que la resolución que de la CoIDH sobre el Caso Atenco podría contribuir a que estos actos no se repitan.