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Con una fisura en la bancada del PAN —que de manera excepcional presentó posiciones a favor y en contra— el pleno del Senado aprobó por 68 votos a favor y 17 en contra, un nuevo escalonamiento de los periodos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que entran en funciones el viernes 4 de noviembre.
Los magistrados estarán encargados de calificar la elección presidencial de 2018.
Unas 30 intervenciones en tribuna generó la discusión de la reforma al Artículo 4 Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, propuesta el martes por los coordinadores de las bancadas del PRI, Emilio Gamboa Patrón; del PAN, Fernando Herrera, y del PRD, Miguel Barbosa Huerta, y que aprobaron por unanimidad las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, entre el martes y el jueves.
El proyecto cambió el escalonamiento de los periodos de los siete nuevos magistrados del Tribunal, que rindieron protesta en el Senado el pasado jueves 21 de octubre. Tres de ellos: Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine Madeline Otálora Malassis, electos para nueve años, conservan esa periodicidad que concluye el 31 de octubre de 2025.
En los casos de José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales, que protestaron para un periodo de tres años, amplían su encargo a siete años, para concluir el 31 de octubre de 2023.
Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, de seis años cada uno, estarán ocho años en el cargo y concluirán hasta el 31 de octubre de 2024, en tanto apruebe la reforma la Cámara de Diputados.
Votaron en contra 10 panistas: Luisa María Calderón, Ernesto Cordero, Andrea García, Héctor Larios, Javier Lozano, Sylvia Leticia Martínez, Jorge Luis Preciado, Jesús Santana y Fernando Torres Graciano; del PT: Manuel Bartlett, Marco Antonio Blásquez, David Monreal, Martha Palafox y Layda Sansores; del PRD: Mario Delgado e Isidro Pedraza.
En contra, Monreal dijo que el cambio es parte de “un proceso viciado y desaseado”, y es “un grave error”, en el que la Suprema Corte queda como marioneta del Senado.
“Es un ataque a todo el sistema político y democrático del país”, subrayó. “Inauguran la dictadura perfecta posmoderna”, acusó. El cambio entró “de manera intempestiva” a destiempo, lamentó Héctor Larios (PAN).
Roberto Gil único panista que fue a tribuna a defender el proyecto, dijo que con el cambio se corrige una inconstitucionalidad, se dará certeza a los magistrados que habían sido electos por tres años, y sostuvo que se salvará una situación de falta de certidumbre, que ya la hubo en 2006, cuando a un mes de la toma de posesión del Presidente se tuvo que renovar el TEPJF.
Aseguró que con los nuevos periodos “resolvemos una grave deficiencia técnica que pone en riesgo la independencia de la sala superior del TEPJF”. Remarcó que en el mundo, ningún magistrado dura tres años, y luego salen con veto de dos años para participar en actividades relacionadas con la materia.
Layda Sansores (PT) expuso que todo esto provoca sospecha, “tiene que ver con la ingeniería electoral y el secuestro de las instituciones”.
Fernando Torres Graciano (PAN) dijo que su coordinador Fernando Herrera no les informó, aunque los panistas en comisiones dictaminadoras votaron a favor. José María Martínez declaró que se perciben “visos de mala fe, en esta inacabada negociación, en la que parece que discuten las cuotas de los magistrados”.
Al rechazo se sumó Jorge Luis Preciado, con reclamos a su coordinador que le aplicó la represalia del despido de “todo su personal”, por su voto en contra, y aseguró que lo que está en riesgo es la unidad del PAN, porque no se les informó de un acuerdo planchado con el PRI y el PRD.
Detalló que si Herrera hubiera avisado, “quizá hasta lo hubiéramos apoyado”; señaló que los coordinadores “no son nuestros jefes y no somos sus empleados”.
Javier Lozano dijo que lo interpretan como una manera de compensar el malestar que hubo en un grupo por la forma en que quedaron los plazos por los magistrados, “lo que evidencia que son componendas y cuotas”.
