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carina.garcia@eluniversal.com.mx
En la recta final de su gestión, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, reconoció que vivió “horas difíciles” al frente de ese organismo, sólo superables gracias a su integración colegiada.
Ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al rendir su informe del periodo 2015-2016, Carrasco aseguró que el tribunal surcó exitosamente su travesía al garantizar, durante su encargo, los derechos políticos de los mexicanos.
El 4 de noviembre próximo concluirán funciones los seis magistrados del TEPJF, a los que correspondió calificar las elecciones presidenciales de 2012, y las federales de ese año y de 2015.
A ellos el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, hizo un reconocimiento por conducirse “con la plena independencia de saberse que no representaban a ninguno de los partidos o senadores que los han nombrado. Ninguno ha cedido a la fácil solución; han resuelto con valentía e imparcialidad los desafíos”.
Judicialización electoral. En su mensaje, Carrasco dio la bienvenida a los nuevos magistrados, todos presentes: Janine Madeline Otálora, Mónica Aralí Soto, Felipe Alfredo Fuentes, Indalfer Infante, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez y José Luis Vargas.
Les esbozó el escenario que enfrentarán: “Una tendencia de litigiosidad que parece no detenerse”, fenómeno para el que propuso soluciones.
Recordó que debido al crecimiento de los juicios electorales, la reforma de 2014 ordenó la creación de otras dos Salas Regionales del TEPJF, que entrarán en funciones en septiembre de 2017, y cuyo presupuesto ya fue solicitado a la Cámara de Diputados (300 millones de pesos).
Las cifras que revelan ese “incremento ostensible de la litigiosidad”, indicó, son: de octubre del año pasado a la fecha se resolvieron 6 mil 882 recursos, 32 de ellos relacionados con la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y 3 mil 34 casos fueron sobre elecciones locales.
Tan sólo en materia de candidaturas independientes se resolvieron 266 impugnaciones y respecto a derechos políticos de pueblos y comunidades indígenas atendió 159 asuntos, 25% más del año previo. Contra decisiones del INE se revisaron 859 impugnaciones y sólo están pendientes de resolver 89 asuntos.
Por eso, Carrasco Daza planteó que se podrían “exportar” mecanismos que existen en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, para aplicar, en materia electoral, medios alternativos de solución de controversias. Precisó que para ello se requieren métodos de arbitraje, conciliación, procedimientos abreviados y mediación para mitigar las controversias: “De esa forma, la elección de dirigencias, postulación de candidatos, cumplimiento de requisitos estatutarios y otras decisiones de los partidos podrían pasar el tamiz de la conciliación”.
Se pronunció porque el tribunal pueda emitir opiniones consultivas, para moderar “la excesiva demanda de justicia electoral”. Ese mecanismo consistiría en que el TEPJF esclarezca el contenido de las normas y las reglas del juego antes de que haya recursos jurídicos de por medio.
