En comisiones unidas del Senado avanzó la reforma a la Ley General de Víctimas, a tres años de aplicación y reportar obstáculos para su implementación, e incluirá en la lista de hechos victimizantes a los que obligan al desplazamiento forzoso de personas.
Recibirán protección del Estado, de acuerdo con el dictamen aprobado en comisiones, “los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno”, indican las adiciones al proyecto.
Después de ocho meses y de consultas en las que fueron incluidas organizaciones de la sociedad civil, se logró un consenso con medidas para que las víctimas tengan acceso a apoyos y reparación integral del daño de manera inmediata, subrayó la presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz Salazar.
El dictamen fue discutido, con episodios de posiciones en los extremos, por las comisiones unidas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, y al aprobar el proyecto final, lo envió a la mesa directiva para su presentación al pleno, en primera lectura, que es la antesala de la discusión y votación de los cambios.
Dijo la senadora Díaz Salazar que en el documento final, que todavía en la madrugada de este martes, y un momento antes de abrirse la reunión de trabajo, se atendieron propuestas ciudadanas y de colectivos de la organización civil, a fin de fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Se acordó establecer la consulta pública previa, por parte del Ejecutivo federal para nombrar al comisionado Ejecutivo para Atención a Víctimas.
También se aprobaron cambios que reestructuran a la CEAV, le dan capacidades para actuar con más agilidad, más operativa y cercana a las a las víctimas, dijo la priísta Díaz Salazar.
Por su parte, Marcela Torres Peimbert destacó que con las reformas, las victimas podrán tener acceso al fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el cual ha estado intocado”.