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Universidades públicas no desagregaron los datos relacionados con la totalidad de los ingresos que perciben sus rectores y, en algunos casos, la información no se ha actualizado desde hace años, a pesar de que están obligados a ello.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública federal, en su artículo 70, señala que deben poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, la información de temas como la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, “de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación”.
Esto no se cumple a cabalidad en las universidades públicas.
El investigador de la UAM Carlos Ornelas opinó que los gastos excesivos en la burocracia y en prestaciones a trabajadores sindicalizados han debilitado funciones sustantivas como la docencia y la investigación.
Explicó que a pesar de que desde 2002 las universidades hacen pública su información y pueden ser auditadas, estas revisiones sobre su gasto no incluyen muchos rubros como: coches, servicios, gasto para gasolina, choferes para los rectores, que pueden ser necesarios, pero que no se reportan.
“Hay mucho desperdicio y gasto en burocracia que no se justifica, hay una sobrepoblación de trabajadores administrativos que no producen y que en otros países no se justificaría de ninguna manera. Esto de que los rectores de universidades ganen más que los gobernadores de sus estados”, dijo.
Para Roberto Rodríguez Guerra, del seminario de Estudios Superiores de la UNAM, es fundamental respetar la autonomía de las instituciones para decidir sobre la administración de su presupuesto y en el ámbito académico; sin embargo, es necesario que clarifiquen y transparenten de mejor manera el uso que dan a los recursos.
Académicos consultados señalaron que este es uno de los principales problemas de las universidades públicas. Hay casos en los cuales la información de Transparencia es totalmente diferente a los datos verificables.
El rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, José Ignacio Peña González aparece en el tabulador de su página de transparencia con un ingreso de 38 mil 982; sin embargo, en la declaración #3de3 que también subió a la página de internet de la institución que encabeza, reporta un ingreso anual por 662 mil 902 pesos (55 mil 241 pesos al mes), ingresos exentos por 87 mil 358 e ingresos acumulables por 575 mil 544 pesos.
