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Heredero de sangre de Plutarco Elías Calles, fundador del PRI, el pulcro empresario Guillermo Padrés Elías pasó a ser prófugo de la justicia. Así de meteórica fue su carrera política.
Operador político nato, Padrés nació el 29 de junio de 1969. Creció en la colonia Americana, en la calle Durango, de la ciudad minera de Cananea. Su familia —empresaria y ganadera— simpatizó en el PRI hasta que incursionó en la política con el PAN.
Inició su carrera política en 1997, cuando el ex panista Manuel Espino Barrientos lo invitó a formar parte del PAN y lo apoyó para que llegara al Congreso del estado como diputado local.
Luego fue diputado federal y llegó al Senado, donde en 2008 solicitó permiso para buscar la gubernatura de Sonora.
Impecable en su vestimenta, sus colaboradores lo recuerdan en un evento en el municipio de Caborca, cuando andaba en búsqueda de la gubernatura, donde acuñó la frase: “Es tiempo de la victoria, cuando estén en campaña que se les vean las pinches ganas de ganar”.
La tragedia en la Guardería ABC, donde murieron 49 niños en un incendio, fue un factor que benefició su llegada al gobierno. Le fue bien porque también le favorecía la presidencia panista de Felipe Calderón.
Pero su buena estrella comenzó a desdibujarse cuando quiso construir un acueducto para trasvasar agua de la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hacia la ciudad de Hermosillo, a fin de impulsar el desarrollo industrial y empresarial en la capital del estado. La tribu Yaqui se opuso y fue un dolor de cabeza para su administración. Logró la detención de líderes indígenas, pero finalmente los liberó un juez.
En marzo de 2011, su esposa Iveth Dagnino acusó a Gisela Peraza Villa —trabajadora doméstica al servicio de la familia por nueve años— por el presunto robo de 5 millones de pesos y joyas; fue torturada, según el dictamen de la CEDH, y estuvo presa en varios reclusorios. Fue hasta el 8 de junio de 2015 cuando fue liberada sin culpa.
A partir de 2012, con el regreso del PRI a Los Pinos, las cosas le comenzaron a cambiar. En mayo de 2013, el repudio social se hizo latente en el evento inaugural de las Fiestas del Pitic, en Hermosillo, donde fue abucheado por miles de personas a quienes de manera cínica respondió: “A ver, no se oye”.
El 15 de septiembre, durante el Grito de Independencia, mandó cortar las naranjas de la plaza Zaragoza, frente al Palacio de Gobierno, para que el pueblo no se las arrojara. Su equipo se colocó en sillas para garantizar tranquilidad.
El derrame de tóxicos en el río Cananea trajo entre sus aguas otro escándalo al gobernador: se hizo una presa ilegal para sus ranchos. Justo antes de ser sancionado por autoridades federales, Padrés la hizo dinamitar.
En 2015, su agenda pública se redujo a escasos eventos, ya todo eran señalamientos de corrupción que habían trascendido las fronteras. Ante una serie de acusaciones sobre enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, aún como gobernador, en febrero de 2015, en compañía de sus hermanos Héctor, Miguel y Julio, se vio obligado a hacer públicos los bienes familiares con un valor estimado de 261 millones 875 mil 633 pesos. Las cifras son de escándalo y la Federación lo puso en su mira.
Inocultables las anomalías, el antes pulcro político y empresario se le veía desaliñado, con la ropa holgada, porque bajó de peso.
El PAN, el partido conservador que lo llevó al poder, no sólo lo abandonó, sino que lo expulsó de sus filas para deslindarse de las imputaciones que le pesaban en torno a un quebranto al erario público de más de 30 mil millones de pesos y lavado de dinero.
Se le giraron las órdenes de aprehensión. Estuvo prófugo por más de un mes, la Interpol activó la ficha roja para su localización, hasta que el 10 de noviembre del 2016, se entregó ante el Juzgado Décimo Segundo en el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México.
Su defensa transcurrió de amparo en amparo, para liberar los procesos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos de defraudación fiscal.
Guillermo Padrés el gobernador a quien un día se le mencionó como “candidateable” a la presidencia de la República se le concedió la libertad bajo una fianza de 40 millones de pesos, resolución emitida por el Juzgado de Séptimo de Distrito.
Llevará el proceso en libertad, con un brazalete electrónico.
