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juan.arvizu@eluniversal.com.mx
La Ley General de Víctimas —que incluiría una junta de gobierno encabezada por el titular de la Secretaría de Gobernación— se encuentra entrampada en comisiones, donde mañana será analizada, en tanto que organizaciones de la sociedad civil también urgen que en el presupuesto de 2017 se le asignen fondos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El senador Armando Ríos Piter dijo que en la bancada del PRD “no nos parece positivo el dictamen que avanza en la Comisión de los Derechos Humanos”, en cuyos trabajos “hemos sido enfáticos en acompañar los distintos señalamientos de distintas organizaciones, en particular el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad”.
Aprobar un dictamen sin el aval de las bancadas sería “equivocado”, y más si se legisla “sin el visto bueno de un importante conglomerado de actores que fueron los padres de este proyecto legislativo, que lo hicieron ley y que caminaron de la mano de muchas personas que representaban el sufrimiento de víctimas de delitos”.
A fines del sexenio de Felipe Calderón prosperó en el Congreso una Ley General de Víctimas, impulsada por Javier Sicilia, pero que fue vetada por el presidente panista. Al llegar a la Presidencia, el priísta Enrique Peña Nieto promulgó el decreto.
Diversa reformas a la ley son analizadas en el Senado, ante las cuales el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad ha fijado postura, en la que rechaza que la Comisión de Víctimas tenga una junta de gobierno encabezada por el titular de Gobernación, y reclama que funcione como un órgano autónomo del Estado.
Ríos Piter recordó en entrevista: “Un año antes de que saliera Felipe Calderón de la Presidencia de la República, hubo una amplísima movilización social, con la queja de más de 100 mil muertos”.
Ahora que hay otro tanto de muertos por la violencia, “el problema no lo podemos resolver de manera burocrática. Estoy en contra, así me manifestaré en las comisiones, en contra, si es que no hay cambios, conforme lo han venido planteando las organizaciones”.
Ríos Piter expuso que los principios internacionales adoptados por México establecen que cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, como la materia de la Ley General de Víctimas, “tiene que ser la propia sociedad la que evite caer en contextos de incidencia o de injerencia gubernamental o burocrática”.
