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Autoridades federales deben identificar y sancionar al responsable de divulgar la videograbación sobre el asesinato del juez Vicente Antonio Bermúdez, perpetrado el lunes pasado, ya que la revelación de las imágenes viola el debido proceso y permite que el autor del homicidio pueda evadir la justicia al alertarlo sobre la indagatoria, demandó José Manuel del Río Virgen, presidente del Consejo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano.
Afirmó sobre la iniciativa de traspasar las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial, que evidencia la incapacidad del Ejecutivo para actualizar y modernizar este sistema de justicia laboral y prefiere heredar un esquema corrupto, inoperante y atrasado.
Del Río Virgen enfatizó que además será una transformación onerosa, que arrojará un mayor atraso en la resolución de conflictos laborales.
Al respecto el dirigente de MC, dijo que el asesinato del juez en el Estado de México es un llamado a la Federación a incrementar la seguridad de los impartidores de justicia, quienes debido a los casos que les toca juzgar, muchos relacionados a la delincuencia organizada, se ven amenazados por esas mafias o por grupos de interés.
“El Estado debería destinar para los juzgadores la mitad de los aparatos de seguridad que le ofrecen injustificadamente a los ex presidentes y sus familias, porque los jueces se enfrentan todos los días a la delincuencia. Además, deben recibir salarios decorosos que les permita un trabajo independiente”, resaltó.
El presidente del Consejo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano, quien trabajó 15 años en el Poder Judicial, condenó el manejo de la videograbación que agravia a la familia de la víctima y pone en riesgo la indagatoria.
En cuanto a la reforma laboral cotidiana que llegó a la Cámara de Diputados esta semana, Del Río Virgen calculó que la desaparición de las Juntas de Conciliación costará al erario unos 2 mil millones de pesos, por todas las adecuaciones que significa, como los espacios físicos, el personal requerido y la capacitación.
“El Poder Judicial se encuentra aún en la implementación del nuevo sistema de justicia penal y ahora pretenden sumarle nuevas responsabilidades, que podrán su capacidad al límite, con el riesgo de un colapso”, advirtió.
Ante este panorama, expresó, sería una incongruencia pretender reducir el presupuesto al Poder Judicial para el próximo año, “porque condenaríamos al fracaso al sistema de justicia laboral”.
