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Para tener mayores argumentos que permitan llevar un proceso que pueda ser irrevocable, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó información a diversas instancias federales sobre procesos que existan en contra de los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Chihuahua, César Duarte, y el ex mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge.
De acuerdo con el expediente CNJP-PS-CDMX.258/2016, en donde se abrió el proceso sancionador en contra de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, a los tres se les abrió un proceso al interior del partido por ser acusados de participar o encontrarse investigados por una serie de ilícitos.
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, que encabeza Fernando Elías Calles, previo a la decisión de suspender los derechos a Javier Duarte y otros —además de mantener o no abiertos los expedientes en contra de César Duarte y Roberto Borge— solicitó información a la Procuraduría General de la República (PGR), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la existencia de alguna denuncia, investigación o proceso penal o administrativo.
“Con la finalidad de contar con mayores elementos para resolver (…) deberá solicitarse a las autoridades correspondientes —entre ellas a la PGR, el SAT, a la ASF y al Poder Judicial Federal— la existencia de alguna denuncia, investigación o proceso penal o administrativo en contra de los denunciados o de los actuales estados de gobiernos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, cuál es el expediente; cuál es el estado que guarda esa investigación, procedimiento o proceso; los delitos o conductas por los que se sigue o fueron denunciados; las sanciones o medidas que se han dictado en ellos”, expuso la Comisión en el expediente.
A partir de que sus estatutos marcan que cada militante debe mantener una conducta de honorabilidad y vocación de servidores públicos y contribuir a dignificar la imagen del partido, el PRI tomó los tres asuntos como trascendentes.
“Porque las consecuencias de las conductas denunciadas desbordan los límites territoriales de esa entidad; porque son atribuidas a gobernadores emanados de este instituto político [el PRI] y han sido reportados por diversos medios de comunicación nacionales, de ahí que su actuar sea observado, no sólo por los habitantes de la respectiva entidad, sino por ciudadanos fuera del territorio de su estado”, advirtió la comisión.
El Revolucionario Institucional mantiene abiertos los casos de César Duarte y Roberto Borge, expedientes que sigue integrando a partir de denuncias hechas.
También tiene en su haber el del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.
