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El sistema de justicia internacional en materia de derechos humanos es utilizado en muchas ocasiones por organizaciones defensoras para obtener recursos del Estado mexicano, por lo que es necesario que exista un marco regulador para que las pruebas que se presenten ante instancias internacionales tengan un mínimo probatorio, afirmó el coronel de Justicia Militar, Pedro Bonilla Muñoz.
Durante su participación en el Seminario La Defensa Nacional del Estado Mexicano 2016, organizado por la Universidad Anáhuac, el funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) subrayó:
“Nosotros proponemos que se vea la posibilidad de que en el marco que regula el procedimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pudiera plasmarse un estándar mínimo probatorio, es decir, que los hechos que lleguen sean reales y no inventemos”, dijo.
El juez de Ejecución de Sentencia, Bonilla Muñoz, enfatizó que algunos casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) están asesorados para que acusen a servidores públicos y obtener beneficios del Estado.
Destacó que cuando se agota el proceso en el país y los miembros del Ejército obtienen su libertad, el derecho internacional le otorga a la persona que acusa la posibilidad de acudir a instancias internacionales aduciendo que en su país no fue atendido debidamente.
Bonilla Muñoz reiteró que los que llegan a instancias internacionales, en muchas ocasiones solamente buscan beneficios económicos.
“En estos casos la gente ve la cuestión económica, el Estado al ser condenado está obligado a reparar pero no sólo a las víctimas sino a los abogados. Muchas veces en lugar de buscar una reparación pretende cuestiones económicas”, agregó.
