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El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que pese a los avances y fortalezas económicas alcanzados por el país ante el mundo, “en la geografía nacional persisten dos Méxicos”: uno de prosperidad y otro que enfrenta rezagos y pobreza.
“Persisten debilidades institucionales acumuladas durante décadas que erosionan las capacidades del Estado para promover plenamente el bienestar de todos los ciudadanos”, dijo.
El Presidente aseguró que para eliminar estas barreras, en 2012 México emprendió “un profundo proceso de transformación nacional”.
Subrayó, al inaugurar ayer en la Ciudad de México la 59 reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados —con la asistencia de representantes de 69 naciones—, que hoy el papel de los jueces mexicanos “será fundamental” ante la nueva realidad legal alcanzada por el país.
Peña Nieto dijo que México es un país democrático, respetuoso del Poder Judicial, una nación que está inmersa en un proceso de transformación para procurar prosperidad y desarrollo para su sociedad a partir de su pluralidad y autonomía de poderes.
Destacó como los mayores cambios impulsados en su gobierno los relativos a la impartición de justicia y aseguró que hay dos modificaciones “que marcan un hito” en el sistema jurídico mexicano: el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y los avances en materia de justicia cotidiana.
Recordó que a partir de junio pasado México pasó de un modelo mixto a uno de justicia adversarial oral, mediante el cual se incrementa la transparencia, se evita la discrecionalidad, se fortalecen y homologan los procedimientos a nivel nacional para asegurar el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos del ofendido y del imputado. “Hoy tenemos en nuestro país un Código Penal de Procedimientos único, que aplica en el orden estatal y en el orden federal”, destacó.
Recordó que para la puesta en marcha del nuevo modelo fueron capacitados más de 400 mil operadores del sistema y más de 240 mil elementos de seguridad pública, las procuradurías y fiscalías han tenido que reestructurarse y se pusieron en operación más de 800 salas de juicio oral.
Respecto a la justicia cotidiana, dijo que 90% de los juicios no tienen que ver con el orden penal, sino con el familiar, mercantil, civil y laboral.
Recordó que presentó al Congreso una serie de iniciativas de reformas en materia de justicia cotidiana que surgieron de un ejercicio de consulta con la participación de 200 expertos de 26 instituciones académicas y representantes de la sociedad civil.
Destacó la propuesta en materia de reforma a la justicia laboral, la cual busca que esta sea responsabilidad de tribunales judiciales independientes y no del Poder Ejecutivo, que se aprobó por unanimidad en el Senado y hoy se encuentra en la Cámara de Diputados para su análisis.
Explicó que propuso homologar el procedimiento civil y familiar; legislar a nivel nacional sobre la mejora regulatoria, y crear una ley general de justicia cívica e itinerante, así como homologar los Consejos de la Judicatura y el nombramiento de jueces y magistrados en todo el país, para que sean seleccionados por concurso de oposición y por sus méritos.
“A estos grandes cambios se suman los que México ha impulsado en materia de transparencia y anticorrupción, que también contribuyen a fortalecer nuestro Estado de derecho. Se trata de los avances más significativos y desde hace casi 100 años”, dijo.
