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Los ex presidentes del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita, a quienes tocó encabezar la organización de las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, recomiendan para el nuevo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que habrá de juzgar el proceso de 2018, una integración “de equilibrio”, pues no bastan los juristas.
Que haya jueces de carrera judicial, expertos en derecho electoral, académicos, pero, consideran, también conocedores de la materia administrativa-electoral, es decir, en cómo funcionan el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Electorales Locales (OPL).
En entrevistas por separado, los dos expertos señalan la importancia del conocimiento de otras ramas electorales.
Lo que se ha visto en los años recientes es que se requiere mayor coordinación entre el órgano jurisdiccional electoral y los órganos administrativos-electorales para el adecuado funcionamiento del sistema, indican.
Reconocen, además, que sea cual sea el resultado de la nueva integración del TEPJF ésta será cuestionada, pues así es como juegan algunos actores políticos rumbo a 2018. Hay un oportunismo de algunos que “desafían a las autoridades, cuestionan las reglas, evaden su cumplimiento, acatan los resultados cuando les conviene y esto, claramente, es un comportamiento que ha sido una constante”, señala Ugalde.
Pero sin importar esto, añade, el TEPJF tiene que aplicar la ley de forma uniforme, universal y didáctica.
“No faltarán los señalamientos de los actores políticos sobre quienes sean designados magistrados, pero se caen como hojas de los árboles en otoño, porque al final la evaluación del desempeño tiene que ser a partir de las resoluciones que tomen y eso apenas estará por verse”, agrega Valdés Zurita.
¿Qué tribunal requiere el país?
La Comisión de Justicia del Senado concluyó el jueves la pasarela de comparecencias de aspirantes a integrar el TEPJF.
El Senado designará entre los 21 candidatos —en siete ternas— enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los nombramientos deberán ser votados por mayoría calificada de dos terceras partes del pleno senatorial y, dado que ningún grupo parlamentario reúne los votos suficientes, deberán propiciarse negociaciones y consensos.
La nueva integración del tribunal deberá iniciar funciones a más tardar el 4 de noviembre.
Para Luis Carlos Ugalde, director general de la consultora Integralia, es deseable que, antes de decidir los nombres de los seis magistrados electorales de la Sala Superior, más su presidente, el Senado defina qué tipo de TEPJF busca. Que “haga una exposición política de cuál considera debe ser el perfil de quien va a ser magistrado y luego cuál debe ser el perfil colectivo, y cuál debe ser el balance de los perfiles.
“Una vez definido eso, proceder a saber quiénes van a ser los magistrados, eso será muy útil para saber a quién se está buscando”, señala.
El ideal de tribunal, a juicio de Ugalde, tiene equilibrios y eso es más importante que los nombres. Una composición adecuada “es la que incluya jueces de carrera, especialistas en materia electoral y una visión externa de uno o dos académicos”, esboza.
Ahora el equilibrio en la composición es indispensable, abunda, porque los nuevos magistrados “deberán administrar un sistema de justicia electoral que se ha complicado con una legislación que promueve el conflicto, el litigio y que no necesariamente ataca problemas de fondo”.
Lamenta que la SCJN en sus ternas no haya definido el tipo de tribunal que necesita el país y que muchos perfiles valiosos, conocedores y con carrera electoral, no hayan sido considerados.
Se perdió, asegura el experto, la oportunidad de que la Suprema Corte esbozara el perfil y la composición ideal del tribunal.
Pese a todo, delinea los tres retos que, a su juicio, deberán enfrentar los nuevos magistrados: administrar un sistema de justicia electoral, que se ha hecho muy complejo, por “muchas reglas, muchas prohibiciones”. Eso ha provocado una explosión de litigios ante los tribunales electorales y la Sala Superior “que han crecido explosivamente”. El segundo reto será generar certeza, en la interpretación y aplicación de las normas; el tercero es “generar fuerza institucional para el proceso de 2018”, expone.
Aliados del INE
Para Valdés Zurita, ahora consultor internacional en temas electorales, el INE y el TEPJF deben ser aliados estratégicos.
El tribunal debe propiciar las condiciones para que el INE cumpla con su mandato constitucional de consolidar un sistema nacional de elecciones, “y ambos son responsables de que se respete al voto desde la elección presidencial hasta la de un regidor”.
Por eso es necesario que los magistrados sean juristas, abogados, “pero es importante que algunos de ellos conozcan la operación de la autoridad electoral administrativa”.
El académico recuerda que ha habido sentencias del TEPJF respecto de decisiones del INE “sin evaluar, con conocimiento de causa, las implicaciones que esas decisiones pueden tener para el éxito de la organización de los procesos”.
Por eso es deseable que el Senado “sea sensible en la necesidad de que algunos magistrados tengan la experiencia de haber participado en los órganos electorales administrativos y eso ayude a que las resoluciones se respeten y hagan valer la legalidad, pero también permitan un mejor funcionamiento del INE y los OPL”.
Integrantes bajo diseño
Mientras, las fracciones parlamentarias que habrán de definir al nuevo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación detallan la gama de atributos deseables para las magistraturas.
Cuestionados sobre los principales atributos a cubrir por quienes habrán de calificar las elecciones del Estado de México en 2017 y las federales, presidenciales y 29 locales de 2018, los partidos privilegian experiencia e imparcialidad.
De acuerdo con el senador Fernando Yunes (PAN), presidente de la Comisión de Justicia —ante cuyo pleno comparecieron la totalidad de los 21 aspirantes, para ser evaluados— incluso es posible pensar en perfiles “impolutos, pero eso se garantiza con independencia y autonomía”, dice.
A su juicio, haber trabajado en el gobierno o litigado en favor de un partido no es por sí mismo motivo de descalificación, sino que tendría que analizarse si hay conflicto de interés.
Pero desde ahora descarta negociaciones entre grupos parlamentarios para repartirse las magistraturas según el peso de cada bancada. El tema de cuotas no juega en este caso, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un análisis primario y aplicó un primer filtro al enviar las ternas.
“Este procedimiento entre dos poderes” ayuda a que no haya cuotas a distribuirse entre partidos. “Tenemos que buscar un equilibrio, no por un tema de cuotas, sino por cómo funciona esta sala, que haya unos con experiencia 100% electoral o en otras áreas”, argumenta.
Para el PAN, en voz de la senadora Pilar Ortega, el perfil a cubrir tiene tres apartados: capacidad, imparcialidad y experiencia, puesto que prácticamente en cuanto se elija a los magistrados comenzarán a trabajar.
“No podemos tener improvisados”, expone la legisladora integrante de la Comisión de Justicia. Además, “queremos magistrados que ante cualquier decisión puedan sostenerla, eso elimina tentaciones de poner a fulanito por ser más cercano”, advierte.
Manuel Cavazos Lerma, senador del PRI, y miembro de la comisión que examina los perfiles, destaca la idoneidad y experiencia.
A los integrantes del TEPJF les tocarán elecciones importantes “y no podemos arriesgarnos a que haya una curva de aprendizaje que puede ser inclinada, sino que tienen que estar preparados. No vienen a aprender, vienen porque saben.
“Transparencia, objetividad, capacidad, profesionalismo” completan la lista de atributos deseados por el PRI.
El PRD acentúa en su lista de requerimientos el conocimiento de la materia electoral y de los criterios más acordes con los derechos humanos y políticos. “Eso les permitirá aplicar la ley sin buscar favoritismos”, valora la senadora Angélica de la Peña.
El PRD no busca magistrados libres de vínculos políticos o simpatías, sino profesionales, dice la legisladora.
Con ello bastará para garantizar una actuación imparcial. “Las personas tienen derecho a tener simpatía política, pero la diferencia es que sus posiciones se quedan a un lado al juzgar”.
