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Más de 100 organizaciones encabezadas por los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de la Montaña Tlachinollan, pidieron a la Organización de la Naciones Unidas (ONU) su intervención para conocer los avances de la investigación sobre las armas de origen alemán que fueron utilizadas por policías de Iguala durante el ataque a los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Durante la estancia del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, las organizaciones y sus representantes legales exigieron una investigación a fondo y, en consecuencia, medidas legales contra las autoridades mexicanas responsables y contra la empresa alemana Heckler & Koch (H&K) por el tráfico y comercialización ilegal de fusiles de asalto G-36, puesto que “el gobierno mexicano tiene conocimiento de los hechos que en el expediente obran elementos que los vinculan a las armas H&K”.
De acuerdo con la investigación, de las 158 armas de fuego que utilizó la policía de Iguala, 60 eran de origen alemán, mismas que fueron utilizadas durante el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
“La empresa alemana Heckler & Koch (H&K), en virtud de la venta y distribución de armas de fuego a elementos de seguridad en el estado de Guerrero, siendo que esta entidad federativa ha sido excluida expresamente de la licencia de exportación, violando así el Acta para el Control de Armas de Guerra de Alemania, así como los principios políticos del gobierno alemán para la exportación de armas de guerra. El gobierno mexicano tiene conocimiento de los hechos, puesto que en el propio expediente obran elementos que vinculan las armas H&K con los hechos”, indica el documento entregado al organismo internacional.
En la ficha se hace otra observación referente a las autoridades para conocer si otros elementos de las fuerzas de seguridad distintas a las municipales de Iguala y Cocula, tuvieron algún tipo de intervenciones en los hechos.
“Es importante señalar también la falta de investigación y sanción de los hechos por parte de las autoridades mexicanas, en particular, la existencia de redes de corrupción que posibilitaron que policía municipal, así como integrantes del Cártel de Guerreros Unidos portaran armas H&K”, señala.
De acuerdo con el expediente que tiene abierto la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso Iguala, un elemento del 27 Batallón de Infantería es señalado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) como traficante de armas para el Cártel de Guerreros Unidos.
La declaración de un marino que obra en el expediente por la desaparición de los 43 estudiantes, un soldado con el alias de El Satánico es el que proporcionaba armamento al grupo criminal identificado como el responsable del ataque y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Aunque existe ese documento de inteligencia de la Armada de México, la Procuraduría General de la República no ha abundado en esa línea de investigación. En el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se menciona que solicitaron información a la Secretaría de la Defensa Nacional relacionada con uno de sus elementos con alias El Satánico, pero la petición no ha sido resuelta.
Documentan 68 casos ante ONU. Las organizaciones defensores de los derechos humanos documentaron ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de Naciones Unidas —entre ellos el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, por el uso de armas de origen alemán— 68 casos de violaciones a los derechos de las comunidades por la iniciativa privada.
Exigieron que se respeten las garantías de los pobladores y que sean consultados sobre los impactos que puede tener algún proyecto de la iniciativa privada.
Además, pidieron que el gobierno federal informe sobre cómo implementará las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos, así como garantizar la participación de la sociedad civil que ha sido afectadas por las empresas.
Solicitaron a las compañías privadas que cumplan con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y cómo implementarán la debida diligencia para cumplir con los cambios que sugirió el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Entre los 68 casos están 32 relacionados con problemas de tierra y territorio, 28 problemas de acceso a la información, 22 situaciones relacionadas con impactos al medio ambiente.
También se documentaron 11 casos de abusos en el ramo de la minería, nueve relacionados con los hidrocarburos, ocho con proyectos de energía, otros ocho con construcciones que afectan a las poblaciones indígenas y nueve por casos de afectaciones ocasionadas por agroindustrias.
