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La Contraloría General del Instituto Nacional Electoral (INE) conminó al organismo a modificar sus prácticas en materia de contrataciones de personal de honorarios, de adquisición de bienes y de obra pública, ante la práctica de privilegiar la eficacia sin limitar gastos.
En su informe de auditorías, la contraloría reportó que en lo que va del año ha iniciado 30 revisiones y en las de obras públicas ha emitido 29 acciones correctivas.
En la aplicada al Plan Maestro del Conjunto Tlalpan, al que se dedicaron 3.7 millones de pesos —para dos nuevas torres—, determinó seis acciones, todas solventadas.
En el caso de las revisiones a obras en entidades detectó modificaciones en contratos sin justificación, pagos de más y otras fallas.
Por ello, en su apartado de opiniones generales relativas a las observaciones realizadas a contratos de honorarios, de adquisición de bienes-servicios y de obra pública, concluyó que existe “la necesidad de corregir el rumbo”.
Además, “se detectó que se realizaron pagos que no contaron con la evidencia” de que se cumpliera a satisfacción lo contratado, porque los servidores públicos designados por el INE para velar por el cabal cumplimiento de los contratos no cumplen su tarea.
Entre otras fallas detectadas, reportó desfases en los tiempos reales de sus procesos de contratación; la “preponderancia de procesos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas sobre licitaciones públicas”; vacíos en su contenido o clausulado; deficiencias en la supervisión de su cabal cumplimiento, e insuficiencias en la documentación con la que se soportan los pagos.
“Una vez más nos encontramos ante el hecho no justificable de que se privilegió la eficacia; es decir, el logro del objetivo sin limitante alguna de recursos y se dejó de lado la eficiencia”, que implicaría ver que se empleen “los recursos estrictamente necesarios con criterios de racionalidad”, estableció en el documento presentado al Consejo General del INE, junto con el informe previo de gestión, por el contralor Gregorio Guerrero Pozas.
En las auditorías a obras públicas, la contraloría reportó por ejemplo, que en la realizada al finiquito de los Servicios de Readecuación y Transición Tecnológica del Centro de Producción en el edificio “D” del Conjunto Tlalpan del INE —que será demolido como parte de la remodelación proyectada para 2020 y para lo que se destinaron 48.4 millones de pesos— se emitieron “seis acciones, cinco de ellas correctivas y una preventiva”.
Hubo cambios en los contratos que no se reflejaron, “se ejecutaron y pagaron como servicios por un importe de 9 millones 247 mil pesos que por su naturaleza corresponden a obra pública”; es decir, no a adecuaciones tecnológicas.
Estos consistieron en desmantelamientos y remodelaciones que no servirán cuando el INE entre en la fase tres de su plan de remodelación del Conjunto Tlalpan, que incluye la demolición del inmueble.
