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carina.garcia@eluniversal.com.mx
A poco más de un año de su propuesta, la Comisión Anticorrupción del PAN se estrenó con el inicio de investigaciones de oficio, sin mediar denuncia contra Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, y Margarita Arellanes, ex alcaldesa de Monterrey; además de otros panistas vinculados a esos casos, todos presuntamente involucrados con actos de corrupción durante sus gestiones.
El presidente de la Comisión Anticorrupción, Luis Felipe Bravo Mena, dijo que no hay investigación abierta ni denuncia en contra de los ex diputados Luis Alberto Villareal, quien coordinó la bancada de diputados panistas, y Jorge Villalobos, cercano al ex presidente del partido, Gustavo Madero, por el caso de los “moches”.
Sin embargo, sí hay denuncia contra algún panista —cuyo nombre no mencionó— por ese tema y, dijo, es “un expediente grueso”.
El llamado “zar anticorrupción” reveló que antes de su instalación formal, el pasado miércoles, la comisión ya tenía 26 denuncias contra panistas diversos, entre funcionarios, militantes y dirigentes.
A pesar de que a finales de agosto del año pasado, Ricardo Anaya, presidente del partido, propuso la creación de dicho órgano, tuvo que pasar el aval por el consejo y posteriormente el visto bueno del Instituto Nacional Electoral para su funcionamiento.
Luis Felipe Bravo Mena dijo que “ahora sí” el PAN va por tolerancia cero contra la corrupción. “Ese es el primer mensaje que queremos mandar: se acabó. Si hubo tolerancia, permisividad, manga ancha, mecanismos para voltear hacia otro lado porque así se hacían las cosas y así es como se valía, se acabó”.
Sin embargo, aclaró que la comisión no impondrá las sanciones, sólo las turnará a su Comisión de Justicia.
Explicó el procedimiento que se seguirá en la investigación de los casos: primero habrá diligencias preliminares, se realizarán las investigaciones y, de hallarse elementos, se turnarán los casos a las comisiones de Orden y de Justicia del Consejo Nacional del PAN.
Las sanciones previstas van desde amonestaciones y suspensión temporal de militancia, hasta separación del cargo, cancelación de candidatura o expulsión del partido, pero sólo pueden aplicarlas las comisiones citadas. Ese procedimiento e instancias, expuso el panista, son las que garantizarán el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
De hecho, no mencionó por sus nombres a Padrés y Arellanes, sino los llamó “caso Sonora y caso Monterrey”, porque las indagatorias no van contra esas dos personas.
“Caso Sonora puede involucrar a uno, dos, tres, cuatro, cinco militantes... no lo sabemos, eso es justamente lo primero que vamos a determinar para empezar a caminar sobre ello. Y en el caso de Monterrey es igual, cuántos de los nombres están en los elementos públicamente conocidos son militantes y comenzar a la investigación formal sobre ellos”, dijo.
