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La Procuraduría General de la República (PGR) tomó conocimiento del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las acciones de inconstitucionalidad 56/2016 y 58/2016, en contra de los decretos emitidos por los Congresos de Veracruz y Chihuahua, respectivamente, y ahora corresponderá que hagan ajustes o adecuaciones, “a efecto de que los sistemas locales anticorrupción cumplan con los estándares constitucionales”.
Con esta resolución, la nueva Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fue declarada inválida, así como los seis decretos que regulaban la fiscalía y todo el sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas en Veracruz, impulsadas por los gobernadores César Duarte y Javier Duarte, respectivamente.
El fallo del pleno de la SCJN fue unánime y concluyó que los Congresos estatales no podían legislar en esta materia, debido a que las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún no se expedían. Sobre la reforma que realizó el Congreso de Quintana Roo, la procuraduría dijo que aún continúa el trámite en la Corte, aunque reconoció que el Congreso local ha derogado la normas que se impugnaron, por lo que se deberá analizar si procede el sobreseimiento de las mismas.