Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió dos impugnaciones al sistema anticorrupción de Sinaloa.
Fuentes de la SCJN informaron que las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 82 y 83/2016, promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, respectivamente, fueron turnadas a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien las admitió.
Las acciones de inconstitucionalidad impugnaron el decreto 768 por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley de justicia administrativa para la entidad en el combate a la corrupción. Ésto, debido a que las demandas reunieron los requisitos establecidos en la ley, por lo que el congreso sinaloense y el gobernador Mario López Valdez deberán remitir informes y copias certificadas sobre las publicaciones del decreto impugnado por la PGR y la comisión.
La PGR informó el pasado 16 de septiembre que presentó la acción de inconstitucionalidad debido a que consideró que el decreto 768 emitido por el Congreso de Sinaloa transgrede los principios de certidumbre yseguridad jurídicos.
La reforma permite que los magistrados que actualmente están en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa sean ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
Según la PGR, esto viola el artículo octavo transitorio de la reforma de mayo de 2015 en materia de combate a la corrupción, que establece que los magistrados en funciones sólo podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados.
“Los sistemas locales de anticorrupción no pueden ser creados a partir de reformas aisladas, decretos contextualizados o enmiendas parciales, puesto que ello puede provocar que los operadores jurídicos no tengan certeza sobre las normas que lo rigen”, afirmó la PGR.
