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Por violaciones a los derechos humanos de siete personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón; al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; a la procuradora General de la República, Arely Gómez, y al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López.
La CNDH señaló a los elementos de la Marina como responsables de violar los derechos a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad personal y por tortura, esta última únicamente en agravio de una persona.
La acusación a la Comisión Nacional de Seguridad fue por violación al derecho a la inviolabilidad del domicilio, y a la PGR y al gobierno de San Luis Potosí, por violación al derecho humano de acceso a la justicia.
Por la tarde, la PGR informó que acatará las recomendaciones que emitió la CNDH en relación con los sucesos, ocurridos en 2013.
Las víctimas sufrieron violaciones a sus derechos a la libertad, seguridad personal, inviolabilidad del domicilio, integridad personal y acceso a la justicia en fechas y lugares distintos en el periodo del 26 de junio al 29 de noviembre de 2013.
Al acatar la recomendación la PGR se compromete a cumplir con las dos recomendaciones de la CNDH, que consisten en girar instrucciones para que se practiquen las diligencias conducentes y pertinentes en las averiguaciones previas y colabore con la comisión en el trámite de la queja administrativa para que se inicie el procedimiento disciplinario contra los servidores públicos involucrados en los hechos.
En la recomendación, la CNDH solicitó a la Marina reparar el daño a los siete agraviados y que colabore con la presentación de la denuncia penal que se formule y con el procedimiento administrativo de investigación.
La comisión también pidió a la PGR y al gobierno de San Luis Potosí que instruyan al personal ministerial para que practique las diligencias conducentes en las averiguaciones previas relacionadas con el caso.
En la recomendación 43/2016, la CNDH señaló que entre los días 26 de junio y 29 de noviembre de 2013 recibieron varias quejas de hechos diferentes, pero que al tratarse de lugares similares con la actuación de las mismas autoridades se acumuló todo en un solo expediente.
En un caso, la víctima dijo que elementos de la Policía Federal ingresaron a su domicilio sin motivo el 22 de junio de 2012; cuando él llegó a su casa vio que faltaba dinero y una computadora; “asimismo, tuvo conocimiento de que al día siguiente los mismos agentes catearon los domicilios de su madre y de un sobrino”.
En otro caso, elementos de la Armada de México ingresaron el 27 de octubre a un domicilio en Tampacán, San Luis Potosí; al irrumpir golpearon a una persona y la obligaron a tomar un arma y bolsas de plástico.
A la víctima y a otra persona se les atribuyeron delitos contra la salud y portación de arma de fuego.
“El 9 de noviembre de ese mismo año otro agraviado presentó queja por la detención de que fue objeto, junto con cuatro víctimas más, mientras dormían en su domicilio por elementos de la Semar”, señaló.
