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Los principales partidos concentran al menos 61 expedientes de militantes en proceso de ser sancionados por alguna falta a sus estatutos.
Además del PRI, que el lunes retiró los derechos partidistas al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, PAN, PRD y Morena también tienen en sus filas a políticos que son investigados.
En la Comisión Anticorrupción del PAN, al momento hay 26 denuncias contra funcionarios o dirigentes panistas por diversos asuntos, particularmente por abuso de autoridad y presuntas irregularidades.
Los dos primeros expedientes que investiga el órgano partidista son el del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y el de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, ambos por haber cometido presuntos actos de corrupción.
Al ex gobernador Padrés Elías se le investiga por el presunto delito de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, según la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.
Mientras que la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, indaga a Arellanes Cervantes por el delito de daño al erario equivalente a 7.5 millones de pesos.
Hasta ahora el PAN ha expulsado de sus filas por actos de corrupción al ex diputado asambleísta Édgar Borja, y al ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat.
El pasado 8 de septiembre, en conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, informó de la existencia de los 26 expedientes.
De acuerdo con los estatutos del partido y del reglamento de la Comisión Anticorrupción, es la Comisión de Orden que preside el ex senador Sergio Álvarez que determina la expulsión de los militantes panistas por actos de corrupción, una vez que la investigación realizada por la Comisión Anticorrupción determine que sí hay elementos para expulsarlo.
Casos amarillos. En el PRD, el caso más fuerte en proceso es el del senador Benjamín Robles, quien a pesar de que ya renunció por apoyar al Partido del Trabajo (PT) y ser su candidato en las pasadas elecciones en Oaxaca, aún continúa una denuncia para ratificar su expulsión y no pueda participar más en el partido.
La Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD tiene al menos 20 procesos abiertos para analizar la expulsión de militantes que apoyaron a otros partidos y fueron registrados como candidatos en elecciones pasadas.
El PRD también tiene abierto un proceso a Félix Serrano, ex diputado local de Oaxaca, por haber sido registrado como candidato de Morena a alcalde de Ixtepec, Oaxaca, en las elecciones del 5 de junio, las cuales ganó y ahora es presidente municipal electo de dicha localidad.
Entre otros casos están el de Jesús Romero López por ser candidato del PT y Donato Vargas, también por apoyar directamente al partido de la estrella cuando tenían candidato propio.
El caso más sonado de expulsión en el sol azteca fue el de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, en octubre de 2014, tras la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de ese año.
De acuerdo con documentos del partido Morena, no se tienen cifras concretas sobre los procesos de expulsión o amonestación, toda vez que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia —encargada de ese asunto— tiene todos los casos confidenciales y se hacen públicos hasta que se resuelven.
Tricolores en duda. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI tiene en su haber unos 15 expedientes que analiza para suspender derechos como militantes y/o expulsión.
Los casos más relevantes son los del gobernador de Chihuahua, César Duarte, el cual fue denunciado por el consejero político del PRI, Armando Barajas Ruiz.
La acusación es por generar una mala imagen al partido a partir de denuncias en contra del mandatario, acusado de cometer actos de corrupción.
La denuncia se presentó ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que encabeza Fernando Elías Calles Álvarez, en julio.
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, tiene también una denuncia para que le sean suspendidos sus derechos y consecuente expulsión, por estar involucrado en una serie de acusaciones en su estado que lo vinculan con corrupción.
Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, es otro de los priístas del cual se ha pedido la suspensión de derechos, al igual que Víctor Ramón Martínez, ex director del Sistema de Caminos con Medina.
La Comisión de Justicia del partido tricolor cuenta también con solicitudes de expulsión en contra de militantes en Puebla, Sinaloa, Oaxaca, principalmente, a quienes se les acusa de haber apoyado a otras fuerzas políticas durante el pasado proceso electoral del 5 de junio.
