politica@eluniversal.com.mx
Tras suspender los derechos que tiene como militante del PRI, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor inició el proceso de expulsión del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Por primera vez el PRI retiró sus derechos como militante a un gobernador de sus filas en funciones.
Como adelantó EL UNIVERSAL desde el viernes pasado, la decisión se tomó luego de que los integrantes de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI determinaron que el gobernador está en una investigación penal que lleva la PGR, además de ser indagado por el SAT.
La comisión suspendió también su derecho como militantes a Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez, colaboradores del gobierno de Duarte.
La suspensión de derechos como militantes, que significa una medida cautelar, es consecuencia de dos denuncias que presentaron por separado César Román Mora Velázquez y Armando Barajas contra los hoy suspendidos, por ser sujetos de denuncias y con ello afectar la imagen del partido.
“[Se determinó] emitir la medida consistente en la suspensión de derechos del militante a los denunciados, dada la gravedad de las acusaciones y la afectación a la imagen del Partido Revolucionario Institucional.
“Emplazar a los denunciados con el fin de que aporten los elementos que sirvan para su defensa”, señaló el presidente de la comisión, Fernando Elías Calles Álvarez.
El vocero de esa instancia partidista, Arturo Zamora, aseguró que la decisión fue tomada por unanimidad y a partir de que se corroboraron los datos, se tomó la medida cautelar, la cual, aclaró, no tiene temporalidad.
“A partir de hoy iniciamos formalmente lo que podría ser un proceso de expulsión de estos funcionarios públicos. A partir de este momento entramos a la etapa del procedimiento en la que se da a las personas su derecho de audiencia y con posterioridad estaremos tomando también determinaciones que pueden derivar en la pérdida de la militancia y la expulsión”, explicó.
Zamora resaltó que el partido actuó en función de su Código de Justicia Partidaria. La notificación a los afectados, apuntó, además de darse por medios de comunicación y en estrados, será dada a conocer a cada actor.
Aclaró que los afectados tienen la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El asunto de Veracruz fue resuelto, aclaró, por las pruebas que se recabaron por parte de la comisión encabezada por Elías Calles Álvarez.
Todo ello con base, mencionó, en procedimientos que existen en contra de los afectados en la PGR, el SAT y las denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Fue una determinación razonada, fundamentada y de una cadena dada a conocer en los medios de comunicación”, apuntó el vocero.
Sobre las denuncias contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, el vocero de la comisión afirmó que siguen su curso. “Estamos ante situaciones consideradas como graves, y eso motiva la decisión”, dijo.
Medina, en proceso. Zamora aseguró que en el caso del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, no existe ninguna denuncia ante la comisión y dijo que todo fue mediático.
Lo que existe, añadió, es una denuncia en contra de un ex funcionario del gobierno de Medina. “Parece que [la denuncia] fue mediática, es lo que tenemos”, declaró.
Sin embargo, más tarde el PRI rectificó y reconoció que existe una denuncia contra Medina y un ex funcionario de esa administración.
“Ya existe una solicitud, al igual que en contra de un funcionario de esa administración”, informó.
