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La vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, lamentó que a dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la sociedad y los padres de las víctimas siguen sin saber lo que realmente ocurrió el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“Dos años después el Estado en su conjunto no ha tenido la capacidad o la voluntad para esclarecer estos terribles hechos”, dijo la senadora, quien recordó que como parte del caso están bajo proceso más de 100 personas.
Criticó que distintos titulares de la PGR han sostenido la llamada “verdad histórica” y que a la luz de las investigaciones independientes del GIEI, dijo, se ha convertido en la “mentira histórica”.
Incluso, señaló, mantuvo a Tomás Zerón como jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien “mañosamente fraguó desde su escritorio una parte de esa fallida verdad y fue protegido por el presidente Peña Nieto, al nombrarlo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Padierna aseguró que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se ha convertido en un caso emblemático de violaciones a los derechos humanos dentro del inmenso universo de casos de graves violaciones que se han presentado en esta administración
Destacó que según las cifras oficiales, existen más de 28 mil personas desaparecidas en México.
Por separado, la senadora independiente Martha Tagle dijo que ante la falta del esclarecimiento de las investigaciones, “resulta incomprensible cómo el Estado no ha garantizado la procuración de justicia en este caso”.
Advirtió la necesidad de coadyuvar con la CNDH en la revisión del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el organismo a varias instancias de los diversos órdenes de gobierno, con la finalidad de conocer el papel que éstas han tenido en torno al caso.
Tagle también cuestionó el nombramiento de Tomás Zerón de Lucio como secretario del Consejo de Seguridad Nacional, pues “ha sido cuestionado” y, actualmente investigado, por su actuación en las diligencias realizadas en el municipio Cocula, Guerrero, donde presuntamente los grupos criminales habrían asesinado a los estudiantes.
Insistió en que la responsabilidad por las desapariciones forzadas es del Estado y que el Senado sigue pendiente de la ley sobre desapariciones forzadas, que no ha avanzado porque la discusión se ha centrado en diferenciar desaparecidos de personas no localizadas.
