El Gobierno mexicano dijo hoy que trabajará en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años en Iguala (Guerrero) para "garantizar que queden satisfechas todas las exigencias de los familiares" de las víctimas.
En declaraciones a Radio Fórmula, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, dijo que la experiencia internacional en los casos de desapariciones muestra que los tiempos de las investigaciones "son largos".
"Cuando la autoridad pretende cerrar sin todos los elementos un caso como este no acierta, se equivoca", afirmó el funcionario, quien destacó que es "una prioridad (...) dar con el paradero de los muchachos".
Señaló que se está usando tecnología que funciona para la minería y la arqueología que "permite obtener imágenes tridimensionales de grandes regiones para identificar si hubo movimiento de tierra o cavidades".
"Con el apoyo de la Policía Federal, se está trabajando en estas nuevas búsquedas para garantizar que ningún indicio quede sin atender", afirmó.
La noche del 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala y Cocula, en el sureño estado de Guerrero, atacaron a tiros a alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa que se desplazaban en autobuses que habían tomado para asistir a una manifestación en la Ciudad de México.
El ataque dejó un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos, quienes -según la investigación oficial- fueron entregados esa misma noche a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula.
Esa versión rechazada por los padres y cuestionada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que se sumó a las investigaciones a petición de los familiares, y los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudiaron el caso durante más de un año.
Campa recordó que en la actualidad hay "130 personas sujetas a proceso, prácticamente todos detenidos", entre autoridades y policías municipales, así como jefes y operadores del crimen organizado.
Algunas órdenes de aprehensión están pendientes de cumplir, como la del entonces secretario de seguridad de Iguala, Felipe Flores, dijo.
Además, es probable que "el seguimiento de todos los teléfonos que tuvieron que ver con la región y, en consecuencia, quienes estuvieron físicamente en Iguala esa noche (...) den lugar a nuevas órdenes de aprehensión", agregó.
La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) reiteró su compromiso de trabajar "arduamente" para llevar a los responsables ante los tribunales y que las víctimas "accedan a una justicia efectiva y se les repare el daño".
Dijo que de las 47 observaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno al caso, "ocho se encuentran totalmente atendidas y 29 en vías de atención".
Sobre las 941 peticiones formuladas por los expertos de la CIDH durante su mandato, que concluyó en abril pasado, la PGR indicó que "han sido atendidas en un 93 %", pero no dio detalles al respecto.
Al grito de "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", los padres de los 43 estudiantes encabezan hoy una marcha por el centro de capital mexicana para exigir justicia cuando se cumplen dos años de la tragedia.
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