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A dos años sin saber del paradero de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, puede ser citado a declarar en caso de ser necesario en la investigación.

Después de más de 700 días sin que se sepa la realidad de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala, y con una polémica “verdad histórica” del entonces titular de la PGR, la dependencia que encabeza ahora Arely Gómez dio un giro a la investigación y busca una “verdad completa”, que demandan tanto los familiares como la sociedad en general.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alfredo Higuera Bernal, titular de la Oficina de Investigación del caso Iguala, explica que en la nueva etapa puede haber más policías implicados, tanto municipales como estatales y federales, por lo que se analiza para deslindar responsabilidades.

Desde su oficina en la sede de la PGR, el fiscal hace un llamado a los padres de los normalistas a retomar el diálogo con la institución para continuar la búsqueda de estudiantes.

Prefiere no adelantar si a dos años de los hechos podrían seguir vivos los jóvenes, aunque aclara que el reclamo de los padres es encontrarlos con vida.

¿Realidad jurídica o verdad histórica?

—Yo diría simplemente investigación de un hecho verdaderamente lamentable y muy grave que amerita una investigación exhaustiva para darle a las víctimas indirectas y a la sociedad las respuestas que esperan y procurar el castigo que merezcan todos los responsables.

¿Fue citado a declarar el ex procurador Jesús Murillo Karam?

—No. Más que investigar a los servidores públicos de la institución, salvo los casos que hay denuncia y señalamientos directos, el interés de la oficina es saber qué ocurrió esa noche del 26 de septiembre.

¿Entonces no tuvieron ninguna reunión cuando dejó de ser procurador [Murillo Karam]?

—De junio hacia acá que hemos estado a cargo nuestras acciones, no; y si en algún momento pudiera ser indispensable para fines de la investigación, se hará como en cualquier caso.

¿Hubo incendio en Cocula?

—Hay quienes cuestionan lo que se basa en testimonios, pero tanto la testimonial como la confesional son pruebas contempladas en cualquier tipo de procedimiento. No es nuestra obsesión el basurero, pero hay testimonios que arrojaron información sobre que ahí ocurrieron determinados hechos.

¿Saben dónde están los 43?

—Hay una hipótesis surgida de declaraciones de detenidos [la quema en el basurero] y que está en análisis de los tribunales, que serán los que determinarán lo conducente.

Entonces hay dos etapas. ¿En la primera fase hubo fallas?

—Eso le tocará analizarlo a los tribunales y la finalidad del sistema de justicia es que en ese enjuiciamiento se analice la inocencia o culpabilidad de las personas.

¿Pero detectaron irregularidades en el proceso de la indagatoria?

Se llevó a los tribunales, algunos de los consignados denunciaron que habrían sido objeto de tortura, la institución no quiere dejar ningún aspecto sin analizar y por eso se están llevando las investigaciones, para determinar si hubo o no.

Recuerdo que la PGR sólo acreditó desaparición forzada en 5 casos...

—Después de que se consignó por desaparición forzada hubo un fallo judicial que determinó que el delito que podría ser configurado era el de secuestro en consideración a los elementos; tenemos 70 personas en procesamiento judicial por secuestro.

Los papás dicen que en el río se recuperaron cuatro bolsas, cuando estuvo Tomás Zerón, y que se presentó una...

—La polémica surgió a partir del video [que difundió el GIEI] con independencia de lo que esté registrado en el expediente de la averiguación previa, lo importante es dilucidar totalmente lo que aconteció en ese lugar(...) La oficina del caso Iguala pidió la intervención de la Visitaduría General para que se investigara el hecho y se deslindaran responsabilidades.

¿Un secuestrador puede mantener por 700 días a 43 personas con vida?

—No aseguramos nosotros ningún tipo de resultados, hay una versión que ya se dio con base a elementos testimoniales y confesionales, hay una insatisfacción de los padres y hay necesidad de seguir buscándolos. En estos momentos la investigación la hemos ampliado a otros municipios, a personas ligadas a las instituciones del gobierno de Guerrero y no hemos dejado de atender los planteamientos de la CNDH sobre la presencia de dos elementos de la Policía Federal.

¿Hay quienes alegan tratos crueles y detenciones arbitrarias?

—Dependerá del análisis que hagan los tribunales. La propia institución determinó que se aplicara el protocolo de Estambul.

¿Los resultados de ese protocolo qué dicen?

—Los tiene la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Tortura, ellos determinarán y veremos en qué sentido y los efectos.

¿Cómo se encuentran José Luis Abarca y su esposa? ¿Son algunos de quienes alegaron tortura?

—Están formalmente presos, igual que Sidronio Casarrubias.

Después de más de 700 días, ¿ hay la posibilidad que sigan con vida los 43 normalistas?

—El reclamo, una de las demandas principales de los padres, ha sido que les sean regresados con vida. Ellos parten de que no han sido convencidos de que hayan fallecido.

¿Entonces los buscan con vida?

—Nosotros los buscamos y esperamos que el resultado que se obtenga nos permita dar la respuesta a una investigación tan delicada.

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