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Ante aspirantes a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), senadores reclamaron la actuación de consigna de algunos juzgadores, la existencia de recomendados y apadrinados, así como casos de corrupción en el Poder Judicial Electoral.

En el segundo día de comparecencias dentro del proceso para integrar la Sala Superior del Tribunal, la Comisión de Justicia del Senado, que encabeza el senador Fernando Yunes (PAN), entrevistó ayer a seis aspirantes, todos con más de 20 años de experiencia, y a quienes el tema de las causales de nulidad de elecciones dividió posturas.

Además, como si fuese sólo un tema de mujeres el de la perspectiva de género, igualdad sustantiva, paridad horizontal y vertical, fueron preguntas reiteradas a las aspirantes de la primera de las dos ternas de candidatas a magistradas que fueron enviadas al Senado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Magistrados de consigna. El senador David Monreal, ex candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, repudió que haya magistrados que, dijo, “actúan como les ordenan”.

Aún fresca la anulación del triunfo de Morena en el municipio de Zacatecas, capital, Monreal sentenció: “Hay actuaciones de consigna en materia electoral, un nuevo problema en nuestro débil sistema democrático”.

Planteó ante la magistrada de la Sala Regional Guadalajara, Aralí Soto Fregoso, que en ese caso había dos proyectos de sentencia y la Sala Regional Monterrey, dejó entrever el zacatecano, “obedeció órdenes para anular”. Soto dijo desconocer detalles, pero en general planteó que a su juicio las nulidades son un sistema por regular.

El senador Monreal Ávila aseguró que hay “allegados, amigos, apadrinados”. En respuesta, De la Mata aseguró que por convicción tiene ya 20 años en la justicia electoral.

En sus propuestas, la magistrada planteó que sean públicas todas las sesiones del tribunal —hoy hay sesiones privadas y públicas— y se realicen extractos de sentencias para que sean pedagógicas y de fácil acceso al ciudadano.

Rechazan cuestionamientos. A la aspirante a magistrada Silvia Gabriela Ortiz Rascón el senador Benjamín Robles le preguntó sobre su presunta salida del TEPJF, en donde fue funcionaria, por una presunta filtración de datos de un magistrado. Ella se deslindó tajantemente.

“Si concurro a este proceso es porque sé que estoy avalada, sobre todo en ello, mis conocimientos, pero por sobre todas las cosas, mi integridad”, dijo la aspirante, quien obtuvo unanimidad de la SCJN para integrar una terna.

Sobre la libertad de expresión frente a casos de calumnia, caso también del senador Monreal Ávila, quien se quejó de spots que perjudicaron su imagen, Ortiz reconoció: “Es un ‘terreno de difícil delimitación’”.

Propuso que, en todo caso, pudiera obligarse a la difusión de la sentencia en la que se evidencia que cierto partido o candidato realizó propaganda calumniosa. Pero, “restringir la libertad de expresión pudiera causar daños”.

La magistrada del Tribunal Colegiado Auxiliar de Jalisco, Claudia Mavel Curiel, fue cuestionada sobre los mensajes de Twitter en pro del PVEM en las elecciones federales de 2015, mismo que consideró, fue un “fraude a la ley”.

Se pronunció a favor —como la víspera lo hizo la Sala Superior— por la imposición de una sanción mayor, para “desalentar prácticas perniciosas”.

Critican favoritismo. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, actual magistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF, y quien tuvo a su cargo la sentencia sobre los tuits en pro del PVEM, fue cuestionado por la senadora Martha Tagle sobre su postura y las violaciones reiteradas a la ley, también vinculadas al Verde.

De entrada, declinó tocar el tema, que aún analizará la Regional. Pero defendió que, como han determinado organismos internacionales, la libertad de expresión debe estar garantizada, incluso en redes sociales.

Sobre el tema de la nulidad, la postura más polémica fue la del ex magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal y hoy visitador judicial del TEPJF, Rodolfo Terrazas Salgado, quien mostró su abierta oposición a declarar la nulidad de una elección por rebase de tope de campaña, aunque éste sea escandaloso.

Estoy “escéptico” dijo, pues de acreditarse el rebase, con un dictamen técnico financiero, en todo caso sería mejor retirar el registro del partido político involucrado, “pero no castigar a la ciudadanía” que votó.

“La nulidad de la elección debe ser la excepción, no la regla, porque eso ni beneficia ni perjudica a nadie”, dijo.

Terrazas aseguró que es un “trauma” cuando se habla de corrupción en el poder judicial, pues si se acreditan conductas desviadas es una traición a México que de probarse debería ser objeto de sanción disciplinaria en sus vertientes administrativas, política y penal.

Al candidato Marcos Zavala Arredondo la senadora del PRD Angélica de la Peña le cuestionó sobre las presiones que reciben los juzgadores, incluso desde los gobiernos, aunque también hay presiones en razón de género.

“No hay presiones, sino presionados”, citó al ex magistrado titular del Tribunal, Leonel Castillo. Por eso propuso que sean los magistrados los que den audiencia a las partes en conflicto y no por separado, y promover mecanismos de transparencia en la relación entre jueces electorales e impugnantes.

“Frente a ‘chismes de que aquí hubo un favor’, lo importante son las razones expuestas en las sentencias para que poco a poco se disipen expresiones de desconfianza, señaló.

Dijo que de cara al proceso de 2018, el TEPJF dé certeza a los actores políticos que “construya métodos de interpretación que permitan que partidos, candidatos y ciudadanos tengan certeza sobre la forma de actuar del tribunal”.

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