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Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad lanzaron una ruta crítica para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con la intención de sensibilizar a la población sobre los tiempos y procesos que se llevarán a cabo en la puesta en marcha de este mecanismo de combate a la corrupción.
El documento denominado “Ruta de Implementación del SNA” señala que a partir del 19 de julio pasado, cuando se publicaron las leyes del SNA, el “reloj” empezó a correr y se cuenta con 90 días para integrar el primer órgano: la Comisión de Selección -19 de octubre de 2016-.
Toda la ruta deberá completarse el 19 de julio de 2017 plazo que marcan las leyes secundarias por la entrada en vigor del Sistema.
Para ello el Senado de la República debe publicará una convocatoria para que las instituciones de educación superior y las organizaciones civiles propongan candidatos. Posteriormente, la Cámara Alta determinará quienes formarán la Comisión.
Ese proceso deberá estar concluido en 90 días cumplidos a partir de la entrada en vigor de la Ley General del SNA.
Para Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que uno de los objetivos de esta ruta es que la ciudadanía sepa qué esperar del SNA, pero sobre todo cuáles son los plazos máximos, que establece la legislación secundaria de la ley.
“Este también es un recordatorio a los legisladores involucrados en este proceso para empezar a trabar en los procedimientos para hacer las designaciones, hacer modificaciones e ir pensando en una agenda legislativa en esta materia.
El Comité de Participación Ciudadana es el rector del sistema y el canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno, tiene las facultades de proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, sobretodo, vigilar el funcionamiento del sistema.
Otra de las partes del SNA es la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, para lo cual el Senado tiene que nombrar a un Fiscal anticorrupción, que es el encargado de procurar justicia y velar por la eficacia del nuevo régimen penal en materia de corrupción.
La designación se llevara a cabo tan pronto el Senado haga el nombramiento, ya que la reforma a la Ley Orgánica de la de la PGR ya entró en vigor. No fija plazo forzoso para el Senado.
En el nuevo entramado institucional, destaca la SFP que formará parte del SNA a través de su titular. La dependencia es la responsable de establecer la política de compras públicas y obra de la Federación, de auditar el gasto de recursos federales y de coordinar a los órganos internos de control en cada dependencia federal, entre otras funciones de identificación y administración de riesgos.
“Con su inclusión en el Sistema, se busca que la Secretaría tenga más autonomía del Ejecutivo Federal en la ejecución de sus funciones gracias al escrutinio y vigilancia de los otros miembros del Comité Coordinador y del Comité Rector”.
El nombramiento de su titular se llevara a cabo cuando el Presidente envíe su propuesta al Senado para ser ratificado por esa cámara.
De acuerdo el documento la Auditoría Superior es un pilar del SNA, porque es la encargada de la fiscalización de la Cuenta Pública y, a partir de la reforma, podrá auditar los ejercicios fiscales en curso para prevenir el mal uso de los recursos. Es competente ahora para auditar las participaciones federales y la deuda pública a nivel subnacional garantizada por la propia Federación.
La última pieza del SNA es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), un órgano jurisdiccional especializado, encargado de sancionar las responsabilidades administrativas graves de los servidores públicos.
Para ello tienen que ser nombrados tres nuevos magistrados en la Sala Superior (15 años en el cargo improrrogables) y cinco salas especializadas en responsabilidades administrativas, una para cada circunscripción: con tres magistrados por sala (10 años en el cargo improrrogables).
Los nuevos magistrados de TFJA serán designados por el Presidente y ratificados por dos terceras partes del Senado o la Comisión Permanente.
El Ejecutivo Federal deberá enviar sus propuestas al Senado a más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, el 1 de febrero de 2017. Con el ello el SNA debe estar completo el 19 de Julio de 2017.
