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Pese al recorte presupuestal de alrededor de 800 millones de pesos para 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció que no cancelará ninguno de sus programas en beneficio de la población, sino que realizará ajustes en las estructuras administrativas.
Alfonso Navarrete Prida, titular de la STPS, dijo al concluir la 41 Convención Nacional Ordinaria de los Telefonistas que se eliminarán partidas, empezando por su propia oficina, como los gastos de representación a fin de no afectar los programas operados por la STPS, como son el Servicio Nacional de Empleo (SNE), el apoyo a las personas con discapacidad, el de Adultos Mayores, así como el de protección a niños y jóvenes.
El secretario advirtió que debido a los recortes podrían generarse problemas de empleo.
“Cualquier recorte o no inversión en el mercado desde luego genera problemas al empleo, pero el mayor impulso de empleo en México afortunadamente es la iniciativa privada y mientras haya condiciones de estabilidad macroeconómica, que es lo que está cuidándose. Por eso necesitamos un superávit primario, esto no es una ocurrencia, tenemos que demostrar que en el país no se está generando una deuda que no pueda ser viable ni manejable ni estamos creciendo en una economía artificial”, puntualizó.
Navarrete Prida destacó que pese a la depreciación del peso frente al dólar hay condiciones para elevar el salario mínimo, ya que ha habido un aumento en la productividad. Confió en que se puede llegar a un buen acuerdo con los factores de producción y destacó que el aumento al salario mínimo aún continúa siendo un pendiente.
“Confío mucho en los trabajadores, en que podemos suscribir un acuerdo que no impacte en salarios contractuales. Y confío en los empresarios, que se van a ajustar, a que no debe impactar en precio y que podemos tener un aumento a los mínimos sin trastocar un programa de formalización, son dos pendientes que quedan; ese y el de justicia laboral”, dijo.
El funcionario dijo que mejorar la justicia cotidiana, sobre todo en el ámbito laboral, es una exigencia que la autoridad comparte con los representantes de los trabajadores. Puntualizó que actualmente las juntas de Conciliación y Arbitraje ya no cumplen con esa misión, por ello se propone que sean los órganos del Poder Judicial los que de manera jurisdiccional resuelvan las controversias y agilicen los juicios.
“¿De qué sirve a un trabajador despedido injustificadamente, como ocurre en 90% de los asuntos individuales que tienen las Juntas Locales, durante tres o cuatro años, si sólo le dan sus tres meses [de salario], porque lo demás se lo queda un intermediario que ha hecho una industria de esto? La pregunta es si todos los patrones están representados en las juntas o si sólo son algunos patrones; si sólo son algunos representantes jurídicos de algunos patrones los que están en las juntas; si son todos los sindicatos los que están en la junta y si están representados todos los trabajadores”, apuntó Navarrete.
