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En el cuarto año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto casi 7 mil 461 servidores públicos fueron sancionados por irregularidades administrativas, por lo que suman 34 mil 651 funcionarios señalados por corrupción o anomalías en el ejercicio de sus funciones.
Datos contenidos en el 4to Informe de Gobierno rendido ayer por el Ejecutivo federal al Congreso indican que a los 7 mil 461 sancionados les fueron aplicadas 8 mil 974 sanciones.
De ellas, 3 mil 400 fueron amonestaciones públicas o privadas; 2 mil 310 suspensiones, 2 mil 308 inhabilitaciones, 349 destituciones y 607 sanciones económicas con un monto acumulado de mil 189 millones de pesos.
La Presidencia no precisó el tipo de funcionarios sancionados o la dependencia donde laboraban. Sin embargo, consignó en un apartado las investigaciones y sanciones a elementos de corporaciones judiciales y policiacas.
En la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) se aplicaron 577 correctivos disciplinarios y se puso a disposición del Ministerio Público federal y del fuero común a 34 integrantes de corporaciones policiales por diversos delitos, “con lo cual se inició un expediente de investigación administrativa”.
Además, el pleno del Consejo Federal de Desarrollo Policial “emitió 329 resoluciones, de las cuales 317 se determinaron con sanción [94.6%] y 12 sin sanción [3.6%]”.
La Policía Federal presentó 27 denuncias penales en contra de algunos de sus integrantes, de las cuales 167 fueron por uso de documentos falsos y fraude, cuatro por ejercicio indebido del servicio público y peculado, y 126 por diversos delitos.
De esas averiguaciones previas, 47 elementos fueron consignados por uso de documentos falsos y fraude ante jueces penales federales, quienes liberaron 35 órdenes de aprehensión y emitieron cuatro sentencias condenatorias.
