Más Información
Diputadas reafirman compromiso en 25N; María Teresa Ealy impulsa la prevención, protección y el empoderamiento
Ejército envía 100 elementos de las Fuerzas Especiales a Sinaloa; realizan labores de vigilancia en la entidad
“No habrá democracia plena mientras persistan desigualdades de género"; Rosa Icela Rodríguez llama a formar parte activa
Noroña se lanza contra Trump; qué aranceles deberíamos poner hasta que dejen de exportar armas y consumir drogas, cuestiona
Magistrada Mónica Soto defiende labor del Tribunal Electoral; sentencias han sido apegadas a la Constitución, afirma
INE analiza propuesta de Taddei para secretaría Ejecutiva; candidata está señalada por malversación de fondos
politica@eluniversal.com.mx
Los grupos parlamentarios del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados integraron un grupo jurídico que los represente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que ésta aceptó revisar su recurso de acción de inconstitucionalidad al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3), misma que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
Dicho grupo estará encargado de darle seguimiento a los requerimientos que sean necesarios o solicitados por la Corte, con la intención de ganar el recurso y poder modificar dicha ley, y entonces obligar a los funcionarios a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de interés.
Los coordinadores parlamentarios del PAN, Marko Cortés; de MC, Clemente Castañeda, y del PRD, Francisco Martínez, confían en que ganarán y podrán revertir las modificaciones hechas y aprobadas por el PRI y el Partido Verde Ecologista, aunque también coinciden que si el fallo no es a su favor, lo habrán de acatar.
El líder parlamentario blanquiazul dijo que además de celebrar que la Suprema Corte haya aceptado analizar y en su momento pronunciarse sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por 200 diputados, confían en que los ministros habrán de considerar sus argumentos y en consecuencia echarán atrás los cambios promovidos por el PRI y sus aliados para evitar la más amplia difusión de las declaraciones de los servidores públicos.
“En este ambiente de corrupción, que por desgracia vive nuestro país, es importante que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer de manera profunda cuáles son los datos patrimoniales, de interés y fiscales de los servidores, pero si los jueces determinan ir en contra, lo acataremos”, dijo.
La acción de inconstitucionalidad presentada por el PAN, PRD y MC se basa en: la Ley de Responsabilidades Administrativas se contradice con el artículo 108 constitucional, el cual no dispone excepciones para la difusión pública de las declaraciones. Por ello, buscan abrir de nuevo la discusión sobre los alcances del acceso a la información, buscando la mayor publicidad.
El coordinador de MC, Clemente Castañeda, confió en que la acción de inconstitucionalidad sea resuelta en el sentido de defender el espíritu de la iniciativa original.