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En el último año, el gabinete de seguridad nacional ha recibido 14 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuatro de ellas compartidas para dos instituciones.
Especialistas entrevistados por EL UNIVERSAL coinciden que hay una crisis en la materia y varios pendientes por resolver.
“Parafraseando los spots: no se habla de nada bueno, porque no hay nada bueno de que hablar en ese sentido”, subrayó Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México.
“La situación ha ido empeorando cada día más derivado de la falta de una política pública federal en materia de derechos humanos. Desafortunadamente, al día de hoy no tenemos ni siquiera aprobadas las leyes para prevenir, investigar y sancionar la tortura o la ley sobre desaparición forzada.
“La ley sobre tortura como fue aprobada es aceptable, no obstante el gran reto en el tema de tortura, no es solamente un marco normativo, sino su implementación”, advirtió el representante en México de ese organismo internacional.
Recordó que aunque existen protocolos de actuación en apego a los derechos humanos, no se aplican de manera efectiva.
“Es cierto que en el último año diversas fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley se han visto involucradas en temas sobre violaciones a los derechos humanos y en ninguno de los casos ha habido una investigación exhaustiva, donde claramente esté definido qué sucedió y mucho menos existen responsables”, afirmó el director ejecutivo de Amnistía Internacional tras señalar que tampoco se aplica la ley ni hay consecuencias para quienes violan los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió siete recomendaciones a Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dependencia que acumuló la mayor cantidad de observaciones.
Le siguió la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), con cinco; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), con tres cada una.
Hace falta política integral. Mario Cruz, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, coincide con el representante de Amnistía Internacional al platear que “este año evidencia algo que en años anteriores se había mostrado en materia de derechos humanos, hace falta una política integral o una política de Estado en la materia.
“Todas y todos sabemos que en los últimos meses, incluso ha habido una serie de informes ‘in situ’, creo que el último año evidencia eso, que hay una serie de acontecimientos que muestran la falta de una política de Estado en materia de seguridad y derechos humanos, ha faltado una concientización en el ámbito gubernamental de que sí tenemos problemas excesivos en materia de garantías individuales y podemos tener problemas de gobernabilidad”.
El académico de la Ibero, también especialista en derechos humanos, citó un documento del año 2011, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que emitieron el informe: Nuestra Democracia. En él se dice que uno de los problemas de América Latina, México particularmente, es que hay una falta de coordinación entre los diferentes actores gubernamentales, lo que favorece la confusión, como ha sucedido en distintos hechos delictivos recientes.
“La recomendación [de la CNDH] sobre el caso Tanhuato es bien interesante porque las autoridades que se anuncian son dos: una federal y una local, la Comisión Nacional de Seguridad, y el gobierno de Michoacán. Es muy emblemático, es una importante enseñanza para el gobierno federal, pero también para las autoridades locales”, destacó el ex coordinador de la maestría en Derechos Humanos por la Ibero.
En este último año ha habido una falta de política en materia de derechos, de seguridad pública, aseguró el investigador, pero lo más interesante es que se tiene que advertir que esa política integral es una política de gobernabilidad, la cual nos llevará a reconocer una gran responsabilidad y una gran labor que tienen que desarrollar las diferentes entidades e incluso los municipios.
Por ello, recordó a los actores involucrados, los cambios en materia de derechos humanos no van a pasar si no se da un cambio a través de una nueva cultura gubernamental de garantías individuales.
Mario Patrón Sánchez, director del Centro Pro Derechos Humanos, destacó que México enfrenta una crisis en la materia.
“Para nosotros hay tres componentes fundamentales que son la suma y la expresión de este factor de crisis. Uno, que denominamos la impunidad como un problema estructural, las propias cifras oficiales hablan de 98% de impunidad en nuestro país.
“A este tema se suma lo que denominamos la corrupción, tenemos índices de corrupción muy relevantes en México, de acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción representa hasta 13% del PIB. Si bien debe reconocerse el avance de siete leyes del sistema nacional anticorrupción, esperemos que el mismo se implemente y de la mejor manera, puesto que al día de hoy sigue siendo cuenta pendiente.
“El tercer esquema es la macrocriminalidad. Sin duda nuestro país enfrenta contextos regionales sumamente preocupantes de descomposición del tejido social, sobre todo, en donde el crimen organizado tiene control territorial con el contubernio del poder político, sólo así nos explicamos hechos tan graves como Ayotzinapa, por ejemplo. La suma de estos tres factores tiene como resultado la existencia de violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país”, aseguró en entrevista.
Sanción internacional. Patrón Sánchez afirmó que recientemente México recibió cuatro reportes de mecanismos internacionales con coincidencias muy claras, del relator de la ONU sobre tortura, el Comité de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, de la oficina del Alto Comisionado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el diagnóstico del país llegan a las siguientes conclusiones: “Una es que la tortura sigue siendo el método de investigación en México y que en términos del relator de la ONU se aplica de manera generalizada entre la detención y la puesta a disposición. La otra es que la desaparición también se aplica de la misma forma, hay más de 28 mil personas ausentes y lo que indica el Comité de la ONU es que pudo constatar que en 26 de las 32 entidades se aplica la desaparición forzada”, destacó el titular del Centro ProDH.
