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El PAN, a través del reglamento que regirá a la Comisión Anticorrupción y que está en proceso de ser aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), pretende combatir los llamados moches, la contratación de aviadores, la recepción de recursos ilícitos, las remuneraciones extraordinarias, la falta de transparencia de los recursos públicos, así como el enriquecimiento ilícito que pueda efectuar cualquier militante.
De acuerdo con el reglamento del órgano partidista que encabeza el ex líder nacional Luis Felipe Bravo Mena, el militante que ostente un cargo público o partidista y no presente con veracidad sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés (3de3) podrá ser acreedor a una sanción o expulsado del partido.
Considera como un acto de corrupción “toda conducta de acción omisión o comisión por omisión” cometida por militantes en general, funcionarios del partido, dirigentes partidistas, legisladores o servidores públicos emanados del partido que consistentes de sus funciones o medios, obtengan beneficios económicos o de otra índole distintos a los establecidos en las normas jurídicas, para sí o un tercero, o en perjuicio del partido y en agravio de la transparencia, probidad y honradez.
Establece que todos los militantes del PAN son sujetos obligados a atender el reglamento, “incluyendo a quienes realizan actividades en el servicio público, sean electos o designados en los tres niveles de gobierno, legisladores y dirigentes o funcionarios del partido en cualquier nivel y orden”.
En el capítulo tercero señala que son considerados como actos de corrupción el abuso o ejercicio indebido de sus funciones y en la administración de los bienes a su cargo, ya sea como legislador, servidor público, o dirigente del blanquiazul.
Califica como corrupción, la aceptación, ofrecimiento o entrega de dinero, dádivas, favores o ventajas indebidas a cambio de una comisión u omisión de cualquier acto en el ejercicio de las funciones públicas.
